A cinco años de la sanción de la Ley de Bosques, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Fundación Vida Silvestre Argentina elaboraron un informe en el que advierten pocos avances en su implementación y demandan su estricto cumplimiento.

Las organizaciones señalaron que “la sanción de la Ley de Bosques significó un avance sin precedentes en materia ambiental para nuestro país, y un logro trascendental en la participación de la sociedad civil en el reclamo efectivo de una norma de protección ambiental. No obstante ello, su implementación efectiva enfrenta severas dificultades que deben ser resueltas”.

Los ambientalistas advirtieron que la moratoria a nuevos permisos de desmontes establecida por Ley de Bosques no fue respetada: según datos oficiales, durante ese período se deforestaron más de 470.000 hectáreas.

El informe “Ley de Bosques: 5 años con pocos avances” indica que “si bien desde la sanción de la Ley de Bosques el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20% (pasó de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660 ha), Salta (222.868 ha), Formosa (113.109 ha) y Chaco (102.592 ha) han sido las provincias con mayor deforestación”.

Las organizaciones estimaron, en base a información oficial y de otras organizaciones sociales, que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas.

Los ambientalistas destacaron que veinte provincias han realizado el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos y los han refrendado mediante una ley provincial, y que “desde su aprobación en las provincias de Chaco, Misiones y San Luis la deforestación disminuyó aproximadamente un 50%”.

Sin embargo, advirtieron que los ordenamientos de Córdoba, Corrientes y Formosa fueron muy cuestionados por organizaciones sociales e instituciones académicas por no cumplir varios artículos y criterios de la ley nacional; mientras que las provincias que aún no los han sancionado mediante una ley provincial son Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

Las organizaciones manifestaron su preocupación porque se han realizado más desmontes en zonas protegidas por la norma que en aquellas zonas en las que sí está permitido por la ley: Santiago del Estero (195.001 ha desmontadas en amarillo y 6.719 ha en rojo), Salta (31.749 ha en amarillo y 8.080 ha en rojo) y Chaco (21.749 ha en amarillo) son los casos más graves.

En ese sentido, indicaron que Santiago del Estero, Salta, Chaco y Córdoba han autorizado desmontes selectivos para ganadería intensiva en bosques clasificados la Categoría II – amarillo, lo que resulta violatorio de la normativa nacional.

“En Santiago del Estero han aumentado los conflictos de tierras y se han vuelto cada vez más violentos. Muchos están directamente vinculados con la deforestación. A pesar de esto, no se han realizado audiencias públicas antes de autorizar desmontes, lo que viola el artículo 26 de la Ley 26.331”, señalaron.

Por su parte, los ambientalistas advirtieron que en la provincia de Salta se han ejecutado permisos de desmontes otorgados en forma especulativa antes de la sanción de la Ley de Bosques, y que muchos de esos desmontes fueron realizados en zonas protegidas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, inclusive en los cuatro departamentos donde se habían suspendido los desmontes por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, señalaron que la provincia “ha realizado recategorizaciones prediales cambiando (a solicitud del titular del predio) la zonificación establecida en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para autorizar desmontes”.

El informe detalla la constante falta de presupuesto para la conservación y el uso sustentable de los bosques nativos. En ese sentido, se indica que en 2013 los fondos serán 10 veces menos que lo establecido por la Ley de Bosques: tan sólo $ 230 millones; cuando debieron haber alcanzado los $ 2.300 millones. Además, se advierte sobre la falta de eficiencia y transparencia en la implementación de los recursos que las provincias han recibido hasta el momento, que tienen una importante subejecución.

Finalmente las organizaciones ecologistas demandaron respetar en forma estricta las restricciones a los desmontes establecidas por los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos; la realización de audiencias públicas antes de autorizar desmontes; no autorizar desmontes en bosques habitados y/o utilizados por campesinos e indígenas; controlar y castigar fuertemente la deforestación ilegal; y completar e implementar en forma eficiente y transparente los fondos.

Ley de Bosques. 5 años con pocos avances – Enero 2013