La organización internacional Climate Transparency publicó la edición 2018 del Brown to Green Report, un informe que compila y analiza información del desempeño de los países del G20 en materia de cambio climático.

Uno de los principales hallazgos del documento es que ninguna de las propuestas de políticas climáticas del G20 es compatible con un aumento de temperatura global de 1,5°C, pactado por los países firmantes del Acuerdo de París en 2015.

Considerando que este conjunto de 20 miembros -19 países más la Unión Europea-, cuya presidencia este año está en manos de Argentina, representa aproximadamente el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático, esto supone un problema para el cumplimiento del Acuerdo y las condiciones futuras para la vida sobre la Tierra.

“Como anfitrión del G20, Argentina está en el centro de atención este año, y debe ser consciente del impacto que el cambio climático causa y causará en la economía mundial. Instamos al G20 a considerar el impacto que el clima tiene en los desarrollos financieros y económicos en su Cumbre de este año”, afirmó Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor senior de Cambio Climático en Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), organización asociada a Climate Transparency.

En Argentina, el sector energético es el que más contribuye a las emisiones de GEI -53% según datos del último Inventario de GEI elaborado por la Dirección Nacional de Cambio Climático-. Sin embargo, las políticas actuales resultan contradictorias para su reducción en esta área de la economía del país. Por un lado, se promueven las energías renovables (mediante el programa RenovAr), pero, al mismo tiempo, se subsidia a la industria de los hidrocarburos.

Según lo muestra el Brown to Green Report, el gobierno decidió, en 2017, garantizar subsidios a la explotación de gas hasta 2021. Sólo en 2016, los subsidios a combustibles fósiles equivalieron a 2700 millones de dólares. Y, como si esto fuera poco, según un estudio de FARN del presupuesto 2019, debido a la devaluación estos subsidios se duplicarán (5700 millones de dólares), lo que representará el 0,03% del PBI.

En lo que respecta al financiamiento público del sector energético, Climate Transparency estima que el 100% de este va hacia proyectos “marrones” (no renovables y contaminantes); es decir, de gas y petróleo. Según estimaciones de FARN, en 2018, ese financiamiento sería cercano al 93%.

“Argentina debe priorizar la transición de las fuentes de energía sucia hacia las renovables, deshacerse de los subsidios a los combustibles fósiles y comenzar a actuar en su gran pérdida de bosques”, sostuvo Maurtua Konstantinidis.

En esa misma línea, el sector forestal también muestra números alarmantes. Según datos de 2015, reflejados en el Brown to Green Report, el área boscosa nacional se redujo en un 22%, en comparación con la superficie de 1990 a pesar de algunos cambios en las tendencias de los últimos años. Esto muestra el avance desmedido de la frontera agropecuaria, a expensas de los ecosistemas naturales.

Si esto se suma a la continua y montante desfinanciación del presupuesto asignado a la Ley de Bosques (4,75% de lo estipulado para 2019), sólo se puede esperar que esta situación continúe agravándose. Estos cambios en el uso del suelo en combinación con el aumento de fuertes precipitaciones, debido al cambio climático, podría desembocar en marcadas inundaciones con graves efectos sobre la producción agrícola.

Indudablemente, la edición 2018 del Brown to Green Report contiene una extensa variedad de información sobre toda la matriz de emisiones de Argentina. Sin lugar a dudas, este informe evidencia algunos avances y varios retrocesos respecto de los documentados en la edición 2017; sin embargo, queda claro que todavía queda un largo camino por recorrer para que los representantes de los diferentes sectores orienten las políticas en la dirección correcta.