FARN expresa su preocupación ante el avance del proyecto minero Josemaria en la provincia de San Juan y el incumplimiento de la Ley de Glaciares.
Josemaria es un proyecto de minería a gran escala para la extracción de cobre, oro y plata, que se ubica en el Departamento de Iglesia, al norte de la provincia de San Juan, en la cuenca hídrica del río Blanco-Jáchal. En base a la información provista por la Evaluación de Impacto Ambiental y de acuerdo a informes técnicos independientes, la mina a cielo abierto podría cortar un glaciar de escombros, y una de las escombreras estaría ubicada en un área con probabilidad de ocurrencia de permafrost (área de ambiente periglacial). Estas geoformas se encuentran protegidas por la Ley Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglacial, que establece la preservación de todos los glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos (artículo 1), y prohíbe la actividad minera sobre ellos (artículo 6).
Asimismo, la Evaluación de Impacto Ambiental pareciera desatender la afectación interjurisdiccional del proyecto. En el presente, y hasta que se construya otra vía, el acceso a la mina será a través de la Reserva Laguna Brava, ubicada en la provincia de La Rioja. Además, el proyecto se ubica aguas arriba del río Blanco, el cual, si bien nace en la provincia de San Juan, durante su recorrido ingresa a La Rioja, por lo que las afectaciones hídricas superficiales, sub-superficiales y subterráneas de la cuenca del río Blanco podrían afectar los sistemas hídricos de la provincia vecina.
Por último, el proceso de consulta presenta ciertas restricciones que afectan directamente el derecho de toda persona a ser consultada (artículo 19 de la Ley General del Ambiente). Referentes locales denunciaron trabas para acceder al Informe de Impacto Ambiental (IIA), ya que este solo puede obtenerse acercándose de forma presencial al Ministerio de Minería, en la Ciudad de San Juan, y solo podrían presentar observaciones y/o participar de la consulta quienes hayan retirado el documento en dicha oficina pública. De este modo, el derecho de acceso a esta información clave se ve vulnerado o limitado para toda persona que no viva o no pueda viajar a la capital provincial. Además, no contempla la actual situación de pandemia al no considerar mecanismos virtuales para obtener el IIA o para la participar del proceso de consulta.
Ante esta situación, FARN enfatiza el necesario cumplimiento pleno de la Ley de Glaciares, y solicita un proceso de consulta transparente, que permita una participación amplia y que considere el contexto de pandemia que se está atravesando.