Por Pía Marchegiani y Ariel Slipak
En la previa del debate en comisiones del Senado del proyecto conocido como “Súper RIGI”, la falta de una evaluación integral de los resultados del primer esquema de incentivos a las grandes inversiones, impulsado por el Gobierno nacional en 2024, despierta preocupación.
Con la promesa de atraer capitales, generar empleo y promover el desarrollo económico nacional, el RIGI confirió beneficios fiscales, regulatorios y aduaneros a grandes proyectos extractivos.
La discusión pública sobre qué tipo de inversiones necesita el país, bajo qué condiciones deberían desarrollarse y con qué objetivos estratégicos sigue pendiente.