La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se presentó como Amigo del Tribunal ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y respaldó el pedido de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas para que la causa contra COMARSA, por la acumulación ilegal de más de 300.000 m³ de residuos peligrosos del fracking, sea juzgada por un jurado popular.

FARN se presentó como “Amicus Curiae” ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén en la causa penal promovida por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas contra la empresa COMARSA por daño ambiental. En este caso, las organizaciones investigan la acumulación ilegal de más de 300.000 m³ residuos peligrosos producto de la industria petrolera y gasífera (fracking). Los mismos son depositados en el Parque Industrial Neuquén Oeste sobre suelo sin impermeabilización, afectando la atmósfera y tierras destinadas a urbanización. También investigan junto a la Fiscalía de Delitos Ambientales una administración fraudulenta por ocultar un pasivo ambiental de millones de dólares.

En su intervención como Amigo del Tribunal, FARN respalda la pretensión de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas acerca de que la competencia para juzgar los delitos de contaminación y administración fraudulenta corresponde a un juicio por jurados. 

El juicio por jurados expresa esencialmente el derecho a juzgar en cabeza del pueblo, por considerarlo el sujeto jurídico apto para ponderar la criminalidad de las acciones u omisiones y se considera al veredicto como una conclusión que se asume luego de transitar un proceso deliberativo forjado por una pluralidad de opiniones a partir de la multiplicidad de género, edades, oficios, experiencias de vida, etc.

Para remediar el daño ecológico ocasionado por COMARSA, resulta fundamental contar con una decisión judicial robusta que abra el juego a un debate judicial pleno. Y la manera de garantizar ese debate público es a través de un jurado popular. En este sentido, la participación de los jurados no es una opción, sino un mandato constitucional que garantiza el acceso a la justicia ambiental en los términos del Acuerdo de Escazú.

Estamos en presencia de uno de los casos de contaminación más graves que ha sufrido la provincia de Neuquén en su historia. Para afrontar este caso complejo, es crucial que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén haga historia y permita que tenga lugar el primer juicio por jurados en un caso referido a un delito ambiental.