Por Alejandro Rebossio
Entre los interesados en que avance la causa judicial por una de los mayores contaminaciones de la explotación de Vaca Muerta crece la preocupación por las versiones que corren ese ámbito de que en las próximas horas el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, expuesto a diversas presiones del poder político y económico, le otorgue la probation a los responsables del caso y les evite ir a juicio oral.
La Sala Penal del TSJ neuquino a cargo de la causa está integrada por Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari.
La causa fue iniciada a partir de una denuncia presentada en 2020 por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA). Investiga la acumulación ilegal sin tratamiento de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos provenientes de la explotación petrolera y gasífera de fracking en instalaciones de la empresa COMARSA, ubicadas en el Parque Industrial Neuquén Oeste. Los acusados son su dueño, Juan Manuel Luis, y dos ex directivos, Héctor Basilotta y Federico Ponce. Aquellos residuos fueron derivados de los pozos no convencionales explotados con fractura hidráulica –los convencionales no generan tantos desperdicios– por las petroleras que explotaban en aquel tiempo Vaca Muerta: YPF, Pan American Energy (PAE), Shell, ExxonMobil, Tecpetrol, Pampa Energía, Vista Energía y Pluspetrol. Pero la responsable ante los tribunales es COMARSA.
La causa tiene dos vertientes: una en la que se analiza la contaminación y otra que abrieron las defensas de los acusados para evitar el juicio con una probation. En marzo pasado, un juez de garantías, Lucas Yancarelli, hizo lugar al pedido de los empresarios. Según su resolución, dos de los imputados sólo deberían sanear en el término de un año los residuos petroleros sin tratar y un plazo de tres años remediar el subsuelo, que, según los informes de la fiscalía, se encuentran también contaminados. Además deberían hacer una donación a un hospital público, abstenerse del consumo de estupefacientes, no abusar del consumo de alcohol ni cometer nuevos delitos. El otro acusado sólo debía donar $10 millones a la Dirección de Medio Ambiente de la provincia.
El fiscal de Delitos Ambientales neuquino Maximiliano Breide Obeid, la AAAA y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, con el acompañamiento del Instituto Comparado en Ciencias Penales y Sociales y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), apelaron. En abril, un tribunal de impugnación revocó por mayoría la resolución de Yancarelli con el argumento de que la probation dejaría sobreseídos a Luis, Basilotta y Ponce, de que el fiscal, que lleva adelante la acción penal, se había opuesto y por tratarse de un “posible daño ambiental que puede afectar a la población actual de Neuquén y a las generaciones futuras”.