La causa judicial en defensa del territorio de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc tiene un nuevo capítulo. Comunidades indígenas de Salta pertenecientes a la Red Atacama, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y prestigiosos investigadores como Valeria Berros y Stefano Saluzzo se suman a la acción de amparo que hoy en día está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por el derecho a un ambiente sano
En 2019, las comunidades indígenas de la cuenca Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) iniciaron una acción de amparo por la vulneración de sus derechos y los impactos ambientales de los proyectos mineros de litio y borato en su territorio. El reclamo se originó ante la aprobación de los proyectos por parte de las autoridades de Salta y Jujuy sin llevar a cabo los procesos adecuados de consulta libre, previa e informada, y sin contar con una línea de base de cuenca ni evaluaciones de impacto ambiental acumulativo.
El avance de los proyectos de litio pone en riesgo ecosistemas estratégicos, como los humedales altoandinos, y vulnera derechos de las comunidades indígenas. En octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para decidir sobre el caso al considerar que la cuenca es una unidad de gestión ambiental.
¿Quiénes se suman a la causa?
La Red Atacama es una organización comunitaria que nuclea a comunidades indígenas que habitan en la provincia de Salta, dentro de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, donde actualmente se encuentran los proyectos de exploración de litio. Las comunidades que la integran impulsan de manera conjunta la protección de su territorio ancestral, el cuidado de los humedales altoandinos y la defensa de sus derechos colectivos.
Las comunidades pertenecientes a la Red Atacama que se incorporaron al proceso judicial como terceros son Matancillas, Cobres, Rangel, Incahuasi, Raíces Andinas, Tipán, Likan Antai y Cerro Negro. En su presentación destacaron que su territorio fue incluido en el Registro Global TICCA como Territorio de Vida, una plataforma que registra territorios y áreas conservadas por pueblos y comunidades indígenas en reconocimiento a la contribución que estos hacen a la naturaleza mediante sus propias formas de gestión y gobernanza.
Por su parte, el CELS se presentó ante la Corte Suprema como amicus curiae —Amigos del Tribunal— señalando la importancia que tiene este caso para el derecho ambiental, la participación y autodeterminación de los pueblos indígenas. En su presentación, el CELS solicita al máximo tribunal la convocatoria a una audiencia pública que permita sumar nuevas presentaciones ante la Corte en calidad de amicus.
A su vez, Valeria Berros, doctora en Derecho y profesora en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y Stefano Saluzzo, profesor asociado de Derecho Internacional en la Universidad del Piemonte Orientale (UNIPO), ambos investigadores del proyecto Speak4Nature, se presentaron también como amicus curiae para remarcar las exigencias establecidas por la legislación ambiental, los derechos humanos y de los pueblos indígenas, especialmente en el contexto actual de expansión de la extracción de litio y la entrada en vigor del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
La presentación de Berros y Saluzzo destaca que el desarrollo de los proyectos en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc podría generar un perjuicio irreversible para los derechos humanos y colectivos.
Tanto la Red Atacama como el CELS, Valeria Berros y Stefano Saluzzo permiten robustecer el caso y brindar más evidencia sobre los impactos ambientales y sociales que genera la minería de litio en Salta y Jujuy. La Corte Suprema debe considerar cada uno de estos aportes y abrir el juego a que nuevas organizaciones y personas sumen sus voces dentro de una causa decisiva para el futuro de nuestro país.