Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN, participó en la reunión plenaria conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara de Diputados y cuestionó el proyecto de “Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, conocido como Ley de Lobby.

La iniciativa, presentada recientemente por el Poder Ejecutivo, genera preocupación por el posible efecto disuasorio sobre la participación pública, como consecuencia de las sanciones penales que incorpora y la carga burocrática que implica el registro de gestión de intereses.

Históricamente, las leyes de lobby surgieron para evitar la influencia desproporcionada de ciertos sectores de poder en el debate público. “La regulación en materia internacional apunta fundamentalmente a la regulación del lobby corporativo”, explicó Nápoli, citando como ejemplo los marcos normativos de Estados Unidos, Canadá, Perú y Chile. A continuación, remarcó que la principal dificultad del proyecto es que pretende hacerse extensivo a las actividades de la sociedad civil: “No se puede hacer un alcance generalizado de esa regulación”. 

El rol de las organizaciones de la sociedad civil

En su funcionamiento cotidiano, las organizaciones de la sociedad civil incurren en actividades de participación pública, incidencia y diálogo para promover los derechos humanos y salvaguardar los bienes comunes. Esto implica:

• La representación de intereses colectivos que no encuentran expresión en la agenda pública;
• La colaboración con el Estado para garantizar el acceso a información y a territorios donde este, con su andamiaje, no logra llegar;
• La generación de conocimiento especializado.

El proyecto presentado por el Gobierno nacional amenaza la participación ciudadana debido a la carga burocrática que deposita sobre las organizaciones. “Las organizaciones civiles van a verse obligadas a completar formularios en lugar de generar propuestas públicas”, aseguró Nápoli en su intervención.

Por este motivo, FARN, junto a más de diez organizaciones de la sociedad civil, presentaron un documento donde se detallan los principales puntos conflictivos del proyecto de ley, que impacta de forma directa sobre el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades. 

Burocracia desproporcionada, sanciones penales y violación del Acuerdo de Escazú

Si bien el Director Ejecutivo de FARN reconoció la necesidad de regular el lobby corporativo, señaló algunos de los problemas más notorios que presenta el proyecto:

• Una carga burocrática desproporcionada para el trabajo de las ONGs. Las organizaciones se verían obligadas a presentar un estatuto de gestión de intereses, emitir declaraciones informativas, identificar a las personas autorizadas para la representación e informar quiénes son los beneficiarios en su accionar (detallando el número de registro de cada contrato), además de presentar reportes trimestrales e informar cualquier modificación relevante. El hecho de tener que realizar esto al término de cada intercambio representaría una carga burocrática insostenible, afectando los niveles de participación que hoy sostienen las organizaciones civiles.
• La estigmatización del financiamiento. La necesidad de identificar y registrar cualquier fuente de financiamiento externa bajo la figura de “agente extranjero representado” dificulta gravemente los mecanismos de cooperación internacional.
• Vulneración del Acuerdo de Escazú. Este tratado, ratificado por la Argentina, promueve los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. En sentido contrario, el proyecto de Ley de Lobby establece que el derecho a participar en la toma de decisiones estatales estará sujeto a registro y control. Al imponer una inscripción previa para poder participar y sostener la posibilidad de sufrir sanciones penales a posteriori, se ejerce una restricción que vulnera el principio de no regresión consagrado en Escazú.

Nápoli alerta acerca de la posibilidad de que se suscite el fenómeno disuasorio conocido como chilling effect: “Las personas van a pensar si participan o no por tener que inscribirse en diversos registros y, después, correr el riesgo de ser sancionados penalmente”. Y concluyó: “Este proyecto afecta fuertemente la participación ciudadana y, lejos de traer soluciones, va a generar muchos problemas que van a ser difíciles de solucionar”.