Minería | Política ambiental

Piden a la Corte Suprema que se respete el derecho a un ambiente sano

Piden a la Corte Suprema que se respete el derecho a un ambiente sano

Las comunidades indígenas Kolla y Atacama, del territorio de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron una acción de amparo ambiental contra los gobiernos de Salta y Jujuy y contra el Estado Nacional, para prevenir el daño grave e irreversible que provocará la minería de litio y borato en el sistema hídrico compartido por las provincias demandadas.

La acción legal se basa en que el área de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, albergue de valiosísima biodiversidad y de la que dependen las comunidades para el desarrollo de su vida y cultura, forma parte de un sistema hídrico cerrado que está considerado como un ecosistema frágil, con escaso ingreso natural de agua. Sin embargo, “la fiebre por el litio hace que se busque avanzar en la extracción, a pesar de que se sabe que la técnica utiliza grandes cantidades de agua y podría afectar el frágil equilibrio hídrico”, recalca Alicia Chalabe, abogada de las comunidades.

Tanto para las comunidades como para la organización ambientalista, el principal problema es que no se conozcan ni evalúen suficientemente los posibles impactos de esta actividad en la zona. “No se cuenta con líneas de base ambiental suficientes a nivel cuenca ni se evalúan acumulativamente los proyectos existentes en conjunción con otros usos de agua. No hay una visión integral, ya que las autoridades de Salta y Jujuy no gestionan la cuenca de manera interjurisdiccional. Tampoco se ha dado a las comunidades locales una oportuna participación en la toma de decisiones. Así no se puede avanzar. Es un atropello y una irresponsabilidad”, afirma Santiago Cané, coordinador del área de legales de FARN. .

FARN hace hincapié, además, en el hecho de que estudios hídricos preliminares realizados de manera independiente en la zona dan cuenta de que, de avanzarse con lo proyectado, se generará un riesgo hídrico. “Saldría del sistema mucha más agua que la que ingresa naturalmente”, detallan al respecto desde la Fundación.

Por todo lo expuesto, FARN y las comunidades involucradas solicitan la suspensión de toda actividad, y de todos los permisos mineros en trámite, hasta tanto se realicen evaluaciones de impactos ambientales adecuadas y la cuenca sea gestionada de manera interjurisdiccional, para así evitar daños irreversibles en el ambiente de acuerdo con los principios preventivo y precautorio (art. 4, Ley General del Ambiente Nº 25.675) y la Constitución Nacional (art. 41).

Un reclamo que lleva una década

Las comunidades de Salinas Grandes –elegida este 2019 como una de las siete maravillas naturales de la Argentina llevan 10 años de reclamos para que se respete su derecho a la participación y consulta, desde que las primeras empresas de litio intentaron instalarse en su territorio. Ante la falta de respuesta del entonces gobierno de Eduardo Fellner, se iniciaron acciones legales para lograr un proceso que asegurara su derecho a una consulta libre, previa e informada. Además, se redactó el documento “Kachi Yupi”, protocolo participativo que busca explicar a actores externos la forma en que debería realizarse un procedimiento de consulta apropiado para su cultura.

Luego de más de 3 años de promesas (incumplidas) de refrendar Kachi Yupi mediante un decreto que reconociera su validez, el gobierno, ahora con Gerardo Morales a la cabeza, volvió a decidirse por hacer oídos sordos a los reclamos de las comunidades de Salinas Grandes y, en cambio, avanzó con procesos de licitación -incluso más ambiciosos- de la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE). 

Finalmente, ante la recurrente falta de voluntad del gobierno de Jujuy para reconocer y asegurar la vigencia de sus derechos, las comunidades de Salinas Grandes decidieron decir “no al litio, sí al agua y sí a la vida”, y reafirmaron su autoproclamación como “Patrimonio ancestral, cultural y natural de los Pueblos Originarios”.

Foto: Calma Cine


English version below

The Argentine Supreme Court of Justice is called to defend the right to a healthy environment

The Kolla and Atacama indigenous communities from Salinas Grandes and Laguna de Guayatayoc, and Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) filed an environmental protection action against the governments of Salta and Jujuy and the National State, to prevent the serious and irreversible damage of lithium and boratemining in the water system shared by the demanded provinces.

The legal action is based on the fact that the area of ​​Salinas Grandes and Laguna de Guayatayoc, a shelter of valuable biodiversity on which communities depend for the development of their life and culture, is part of a closed water system that is considered as a fragile ecosystem, with little natural entry of water. However, «the lithium fever makes companies move forward in the extraction, although it is known that the technique uses large amounts of water and could affect the fragile water balance,» emphasizes Alicia Chalabe, lawyer for the communities.

For the communities and FARN the main problem is that the possible impacts of this activity are not completely known or sufficiently evaluated. “There are not enough environmental baselines studies produced at the basin level, nor are existing projects cumulatively evaluated together with other water uses. There is no comprehensive watershed vision, since both Salta and Jujuy authorities do not manage the basin in an inter-jurisdictional way. Furthermore, local communities have not been involved in decision making. Thus, it is unacceptable to move forward. It is irresponsible and an outrage”, says Santiago Cané, FARN’s legal area coordinator.

FARN also emphasizes the fact that preliminary water studies conducted independently in the area show that, if projections move forward, the water system will be put at risk. «More water will leave the system than what will naturally enter«, is explained in the Foundation.

For all the above, FARN and the communities involved have requested the suspension of all lithium mining activities, and of all permits pending, until appropriate environmental impact assessments are conducted and the basin is managed in an interjurisdictional manner. The request seeks to avoid irreversible damages to the environment in accordance with the precautionary and precautionary principles (4th article from General Environment Law No. 25,675) and the National Constitution (41st article).

A ten-year claim

The communities of Salinas Grandes –area chosen as one of the seven natural wonders of Argentina- have been demanding the enforcement of their participation and consultation rights for the last 10 years, when the first lithium companies tried to settle in their territory.. In the absence of a response from the then government of Eduardo Fellner, legal actions were initiated to achieve a process that ensured their right to a free, prior and informed consent (FPIC), as granted in national and international regulation. In addition, communities wrote the document “Kachi Yupi”, a participatory protocol that seeks to explain to external actors how an appropriate consultation procedure should be carried out for their culture.

After more than 3 years of promises (unfulfilled) to endorse Kachi Yupi through a decree that recognized its validity, the government, now with Gerardo Morales at the helm, decided again to turn a deaf ear to the demands of the communities of Salinas Grandes and, instead, it advanced with bidding processes -even more ambitious- of the company Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE).

Finally, given the recurring lack of will of the Jujuy government to recognize and ensure the validity of their rights, the communities of Salinas Grandes decided to say “no to lithium, yes to water and yes to life”, and reaffirmed their self-proclamation as “Ancestral, cultural and natural heritage of the Original Peoples”.

Picture: Calma Cine

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