Por Pía Marchegiani

La transición energética se ha convertido en uno de los grandes desafíos de los últimos años. En un escenario atravesado por la crisis climática y una creciente competencia geopolítica, los países del Norte Global luchan por el acceso a los llamados ‘minerales críticos’ para garantizar su seguridad energética y, quizás con más empeño, para impulsar el desarrollo tecnológico y abastecer industrias que consideran estratégicas, como la inteligencia artificial y la industria militar.

Detrás de esta carrera por controlar la cadena de suministros de minerales como el litio, el cobre, el níquel y el grafito, surge una pregunta: ¿quién paga el costo de esa transición y quién se beneficia de ella?

En 2024, el Secretario General de las Naciones Unidas creó un Panel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética, compuesto de 23 Estados miembros, dos regiones —la Unión Europea y la Unión Africana— y 14 miembros no estatales. Tras discusiones claves, el panel elaboró un documento con siete principios para una transición justa y equitativa en la cadena de valor de los minerales para la transición energética.

El primero de ellos se refiere al respeto por los derechos humanos en toda la cadena de suministro y, el segundo, a la integridad del planeta, su ambiente y biodiversidad. El mensaje fue claro: la descarbonización no puede construirse reproduciendo las mismas desigualdades que durante décadas caracterizaron la explotación de los recursos naturales. Las comunidades y los países ricos en estos deben estar en el centro.

Esa fue precisamente la discusión que volvió a cobrar protagonismo recientemente durante una sesión plenaria de alto nivel en Naciones Unidas, donde gobiernos, organismos internacionales, empresas, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil debatieron cómo avanzar hacia una cooperación internacional que garantice una transición energética transparente, sostenible y justa.