La audiencia se desarrollará en la sede de la CIDH en Washington DC, Estados Unidos, el 28 de octubre desde las 16:15 (hora argentina) y serán convocados a participar representantes de las organizaciones peticionarias y los/as representantes del Estado Argentino.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), participarán en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de tratar el impacto de la falta de nombramiento del Defensor del Pueblo de la Nación sobre la vigencia de los derechos humanos en la Argentina.
Las organizaciones solicitantes vienen desde hace varios meses liderando a nivel local una campaña para concientizar sobre la situación, la misma se denomina: «Un Defensor/a del Pueblo y para el Pueblo”. Al solicitar la audiencia, informaron al organismo internacional sobre la situación que atraviesa la Defensoría del Pueblo, cuya titularidad se encuentra vacante desde 2009, y que quedó acéfala en 2013 por el vencimiento del mandato del Defensor Adjunto que se encontraba a cargo.
Actualmente, la máxima autoridad de la institución es una persona designada provisoriamente sin cumplir con el procedimiento y los requisitos exigidos por la Constitución Nacional, lo que genera serias limitaciones a sus facultades y un fuerte condicionamiento a su independencia, al no contar con las garantías de actuación que otorga el marco legal vigente.
Según la ley, la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional compuesta por representantes de las diferentes fuerzas políticas es la encargada de proponer un/a candidato/a, cuya designación debe ser aprobada por el voto de los dos tercios de los representantes de cada Cámara, lo cual se encuentra incumplido desde la renuncia del último Defensor del Pueblo, hace 5 años.
El pedido concluye sosteniendo que la situación de irregularidad detallada atenta contra el debido cumplimiento de las funciones propias de la Defensoría del Pueblo, que consisten en la defensa y protección de los derechos humanos de los habitantes de la Nación ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.