La ley de Hidrocarburos, recientemente sancionada por el Congreso Nacional, persigue como objetivo principal el logro del autoabastecimiento en materia de hidrocarburos,  y se apoya para ello en la promoción de la explotación de los hidrocarburos no convencionales.

Sin embargo, la nueva ley hace una sola y única mención a la cuestión ambiental en su texto, el que carece de las disposiciones técnicas, ambientales y sociales necesarias para regular una actividad que cuenta con características muy diferentes a la convencional.

En este sentido, la nueva Ley carece de disposiciones específicas que dispongan la obligatoriedad de llevar adelante los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos, así como los requisitos mínimos que deberán observase. Tampoco dispone ningún tipo de cláusula que garantice el acceso a la información por parte del público, habiendo consolidado con su aprobación, el aberrante acuerdo secreto firmado entre YPF y Chevron para la exploración y explotación de Vaca Muerta.

De igual forma tampoco se prevén mecanismos que permitan a todas las personas interesadas, comunidades y pueblos originarios participar en los procesos en que se decida la exploración y explotación de recursos naturales del dominio público, que impactarán en el territorio, el ambiente y la vida de las personas.

Es de estimar que la nueva ley, tal cual ha sido aprobada, contribuirá a dar un mayor impulso a la actividad, que de realizarse sin contar con la regulación y el control ambiental apropiado, producirá serios impactos en el medio ambiente, pudiendo incluso generar graves conflictos sociales.

Luego de aprobada la Ley de Hidrocarburos resulta imprescindible y urgente que el Congreso de la Nación promueva el tratamiento de una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales.