El proyecto que reforma la ley de preservación de los glaciares que obtuvo media sanción en el Congreso no solamente compromete las reservas de agua dulce, sino también podría complicar la aplicación del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, advierten organizaciones ambientalistas. En particular, viola uno de los artículos del convenio que obliga a las partes a no retroceder en la protección del ambiente.

La ley actual (26.639), vigente desde 2010, creó el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), encargado de identificar y caracterizar las masas de hielo del territorio nacional.

En caso de que la reforma de glaciares tenga sanción definitiva, “ingresaremos en un escenario de incoherencia normativa que inevitablemente debilitará la seguridad jurídica y la confianza que reclaman los inversores europeos para desarrollar proyectos en la República Argentina”, explican en un comunicado conjunto FARN, el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad Argentina y Aves Argentinas.

“El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Senado pretende disminuir los umbrales de protección de glaciares y del ambiente periglacial” y representa un esfuerzo en el sentido contrario a lo acordado: hacia “la desregulación de la protección ambiental uniforme en todo el país”, continúan. Si esto se materializa, “Argentina incurrirá en incumplimientos y violaciones al acuerdo” y esos incumplimientos, sostienen, “podrían significar su suspensión”.