Finalizó la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles en la ciudad de Santa Marta, Colombia, en dónde 57 países se reunieron entre el 24 y el 29 de abril con el objetivo de llevar a cabo una salida ordenada y justa de los combustibles fósiles y superar su dependencia económica. 

A diferencia de las instancias de diplomacia climática de Naciones Unidas, en las cuales las negociaciones giran en torno a la elaboración y consenso de un documento técnico, esta conferencia se enfocó en la identificación de las barreras para salir de los combustibles fósiles y la búsqueda de soluciones a cada una de ellas. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de tensiones con sectores enfocados en la búsqueda de soluciones de carácter tecnocrático, en lugar de respuestas políticas a una crisis de carácter socioecológico y climático.

En el marco de esta conferencia, desde FARN, en conjunto con otras organizaciones, participamos en la elaboración de un documento con propuestas que ponen el foco en concebir la energía como un derecho y en problematizar los subsidios a los combustibles fósiles, aportando una mirada centrada en los derechos humanos.

¿Dónde estuvo la participación genuina?

Más allá de la virtud e intención de generar espacios de diálogo e intercambio, los espacios oficiales o segmentos de alto nivel de la cumbre que se desarrollaron los últimos dos días resultaron sumamente restrictivos y con escasas oportunidades de participación efectiva. 

Para promover la participación de movimientos sociales, pueblos indígenas, mujeres y diversidades, afrodescendientes, agricultores y pescadores, juventudes, sindicatos, parlamentarios, academia y ONGs, el gobierno colombiano habilitó y apoyó parcialmente la organización autogestiva de espacios de reunión, coordinación y elaboración de propuestas de estos sectores, destacándose la Cumbre de los Pueblos por un Futuro sin Combustibles Fósiles organizada por Climate Action Network (CAN) y Demand Climate Justice (DCJ) y la Cumbre por Territorios Libres de Fósiles co-organizada por Oilwatch y múltiples organizaciones territoriales. Además de estas cumbres, también se desarrollaron espacios de reunión y conferencias de académicos, sindicatos, parlamentarios y espiritualidades.

Cumbre de los Pueblos

La Cumbre de los Pueblos se llevó a cabo del 24 al 26 de abril, reuniendo a más de 900 organizaciones de distintas regiones y sectores en espacios de articulación colectiva para construir una agenda común y definir demandas y propuestas frente a la salida de los combustibles fósiles. Este proceso culminó con la elaboración de una “Declaración popular por una transición equitativa y justa hacia un futuro libre de combustibles fósiles”.

En torno a esta declaración, desde FARN destacamos la necesidad urgente de una salida ordenada y justa de los combustibles fósiles enmarcada en transformaciones estructurales que aborden las desigualdades históricas y eviten reproducirlas. 

En particular, el documento pone el foco en la centralidad de los derechos humanos, incluyendo el acceso a la energía como un derecho, el rechazo a las llamadas falsas soluciones y el reconocimiento de la deuda ecológica y climática del Norte Global. Además, enfatiza la importancia de sistemas energéticos descentralizados y democráticos, con participación efectiva de las comunidades y respeto por los territorios, en línea con una transición socioecológica justa.

Debates en disputa: entre soluciones técnicas y transformaciones estructurales

La conferencia dejó en evidencia la coexistencia de distintas miradas sobre la transición energética. Por un lado, participaron organizaciones que identifican que el problema a resolver es la sustitución de los hidrocarburos por otras fuentes energéticas. 

Por el contrario, movimientos sociales y territoriales plantearon la necesidad de una transición de carácter socio-ecológico y que sea justo con la naturaleza y los derechos humanos. En concreto sostienen que la “salida de los fósiles” no debe sostener las mismas injusticias sociales, económicas, culturales, ambientales y de acceso a derechos del modelo fósil, pero basadas en falsas soluciones como en una expansión de renovables sin tener en cuenta modelos de participación genuina, la biodiversidad, el derecho indígena y los impactos en el aire y agua de una extracción exacerbada de los denominados “minerales críticos para la transición” (como el litio, cobre, níquel, cobalto, manganeso y tierra raras). 

Algunos reclamos que destacamos alineados con dar respuestas de carácter político y no técnico han sido la auditoría y cancelación de deudas de legitimidad objetable, que presionan la expansión de la extracción de hidrocarburos (y minerales) para generar divisas para la cancelación de estas deudas, que agravan el problema y también reducen el espacio fiscal para el desarrollo de políticas ambientales, de salud, educación, ciencia y tecnología, entre otras.

Por último, destacamos que una gran parte de los documentos sectoriales y espacios como la Cumbre de los Pueblos o la de los Territorios Libres de Combustibles Fósiles mostraron la correlación entre el modelo de extracción y económico fósil con el crecimiento del militarismo y la violencia. En este sentido, también se remarcó que una gran parte de los llamados “minerales críticos” no se destina a la transición, sino en realidad a la industria bélica. 

Aportes y posicionamiento desde FARN

Desde FARN hemos participado activamente en múltiples espacios, tanto oficiales como no oficiales, aportando una mirada centrada en los impactos socioambientales de la expansión de fósiles y en la necesidad de fortalecer herramientas de gobernanza ambiental.

En este marco, durante la conferencia se destacaron los impactos de la expansión fósil en la salud humana, por ejemplo por las emisiones de metano como generador de ozono troposférico, desplazamiento de comunidades indígenas (como las comunidades mapuche en la Patagonia argentina), y en la biodiversidad marina por parte de proyectos de expansión del offshore y de GNL. 

Sobre esta base, también hemos destacado en la importancia de instrumentos como la consulta temprana, el ordenamiento ambiental del territorio, el Consentimiento Libre, Previo e Informado a Comunidades Indígenas, el acceso a información ambiental y a la justicia, la protección de defensoras y defensores ambientales, en línea con los principios del Acuerdo de Escazú.

Otras respuestas han sido una salida rápida de los países de los sistemas de arbitraje internacional o mecanismos de resolución de controversias Estado-Inversor (ISDS, por sus siglas en inglés), que terminan por ser un corset a la participación popular y a la soberanía de las comunidades en materia de bienes comunes. Desde un punto de vista jurídico, hemos expresado en diferentes paneles que deben evitarse el incremento de regresiones ambientales como las modificaciones a la Ley de Glaciares en Argentina, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y la disolución o desfinanciamiento de políticas ambientales.

La Declaración final presentada en la Cumbre de los Pueblos, organizada por CAN y DCJ, recoge varias de las demandas y propuestas impulsadas desde FARN y otras organizaciones de la sociedad civil en torno a una visión de la transición energética con un enfoque de justicia socioecológica y derechos humanos, enfatizando la centralidad de la participación efectiva y la necesidad de evitar que la transición reproduzca nuevas formas de extractivismo.

¿Cuáles son los próximos pasos?

La Conferencia de Santa Marta dejó como punto de partida relevante el corrimiento hacia un espacio centrado en la búsqueda de soluciones y en la construcción de un sendero de salida de los combustibles fósiles, antes que en un ejercicio diplomático endogámico. 

Este énfasis en la implementación —aunque atravesado por disputas sobre sus alcances y enfoques— marca una diferencia respecto de otros ámbitos internacionales. En este marco, uno de los principales desafíos será profundizar la participación efectiva de los movimientos sociales y de los sectores históricamente relegados, de modo que las respuestas a la crisis socioecológica no queden limitadas a visiones tecnocráticas ni a acuerdos entre Estados, sino que incorporen de manera sustantiva las demandas construidas desde los territorios.

La conferencia concluyó con un comunicado del segmento de alto nivel que reafirma la voluntad de un grupo amplio de países de avanzar en la implementación de la transición para salir de los combustibles fósiles, en línea con lo acordado en la COP28 de Cambio Climático. El documento pone el foco en la identificación de barreras estructurales —como la dependencia fiscal de los fósiles, las restricciones financieras y la necesidad de garantizar seguridad energética— y en la construcción de respuestas que permitan abordarlas de manera coordinada. En este marco, se destaca que la transición no es únicamente tecnológica, sino también económica y política, requiriendo planificación, cooperación internacional y estrategias diferenciadas según las realidades nacionales.

Sin embargo, persisten ambigüedades relevantes en torno a los ritmos y alcances de la salida de los combustibles fósiles, así como en la ausencia de definiciones más firmes respecto a la expansión de nuevos proyectos, el rol de los actores financieros internacionales y la falta de una problematización clara de las denominadas falsas soluciones, que continúan siendo presentadas como parte de la transición.

En términos de proceso, la conferencia buscó consolidarse como un espacio orientado a la implementación, promoviendo la articulación de iniciativas existentes y su vinculación con los procesos multilaterales, en particular en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En este sentido, uno de los principales resultados fue la decisión de dar continuidad política a este proceso mediante la realización de una segunda conferencia en Tuvalu a principios de 2027, coorganizada junto con el Gobierno de Irlanda.

La elección de Tuvalu reviste un fuerte significado político. Se trata de uno de los países más vulnerables a los impactos del cambio climático, que ya enfrenta la pérdida de parte de su territorio por el aumento del nivel del mar. En este sentido, la próxima conferencia no solo da continuidad a este espacio, sino que también refuerza la urgencia de avanzar en decisiones concretas frente a una crisis que ya es una realidad para muchos países y comunidades.

Desde la sociedad civil y los diversos movimientos y colectivos se advierte que este proceso no puede agotarse en Santa Marta ni quedar reducido a ejercicios declarativos o respuestas tecnocráticas. Frente a una crisis de carácter socioecológico, los Estados deben dar continuidad a esta agenda en los próximos espacios multilaterales y asumir decisiones políticas a la altura del desafío.

Esto implica traducir las demandas construidas desde los territorios en compromisos concretos, con metas, plazos y mecanismos claros para una salida ordenada y justa de los combustibles fósiles, que a la vez garantice el acceso universal a una energía limpia, asequible y como un derecho.

Resulta fundamental, no solo que las demandas populares se incluyan en los documentos de la propia cumbre, sino que a su vez este espacio en consolidación se proyecte como una plataforma de incidencia colectiva en la gobernanza global. En ese sentido, la continuidad hacia Tuvalu abre una oportunidad para fortalecer esta articulación y sostener la presión política internacional en torno a una salida justa de los combustibles fósiles.

¿Dónde estuvimos como FARN?

¿Dónde participó FARN?

Camila Mercure y Ariel Slipak, coordinadores de las áreas Política Climática e Investigación, respectivamente, participaron activamente en distintos espacios a lo largo de la conferencia, tanto en instancias oficiales como en los procesos impulsados por la sociedad civil.

Evento paralelo “¿Cómo superar la crisis de deuda e impulsar una transición justa?”. Ariel Slipak (FARN) participó en el panel del Debt & Climate Working Group sobre cómo el endeudamiento histórico y el financiamiento basado en préstamos actúan como barreras críticas para una transición energética justa en el Sur Global.

Cumbre de los Pueblos. Ariel Slipak y Camila Mercure participaron activamente en la Cumbre de los Pueblos por un Futuro sin Combustibles Fósiles, incluyendo reuniones regionales y sectoriales de organizaciones no gubernamentales y del espacio de mujeres y diversidades, contribuyendo a la construcción de una agenda colectiva.

Pre-Asamblea de los Pueblos. Ariel Slipak formó parte de la Pre-Asamblea de los Pueblos, un espacio formal de la cConferencia, para brindar aportes con una mirada regional y enfoque de justicia socioecológica y derechos humanos.

Asamblea de los Pueblos. Camila Mercure participó del segmento oficial representando al sector de mujeres y diversidades de la región en el marco de la Cumbre de los Pueblos. En su intervención destacó la centralidad de la energía como un derecho, la necesidad de garantizar una participación genuina y efectiva conforme al Acuerdo de Escazú y la importancia de abordar la pobreza energética desde una perspectiva de género.

Movilización de la Cumbre de los Pueblos. Ariel Slipak y Camila Mercure estuvieron presentes en la movilización, acompañando las demandas de la sociedad civil por una transición socioecológica justa, con enfoque de derechos humanos.Talleres y construcciones desde abajo. Tanto Camila Mercure como Ariel Slipak participaron en varios eventos e instancias de reunión con movimientos sociales para la construcción colectiva de estrategias políticas de salida de los fósiles de múltiples redes regionales y globales en las que participa FARN.