Leyes nacionales y provinciales | Política ambiental

Una soberana trampa: infraestructura crítica y seguridad nacional

Una soberana trampa: infraestructura crítica y seguridad nacional

Bajo el ropaje de la defensa de la soberanía de las islas Malvinas, avanza en el Congreso un proyecto de ley bajo el título de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, cuyo alcance excede ampliamente esta cuestión. De los ocho capítulos que lo componen, solo el primero aborda el reclamo de soberanía. Los restantes introducen reformas a las leyes de defensa nacional, de financiamiento de los partidos políticos y de inteligencia,  además de prever la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe del Estado e integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo.  

En ese marco, el proyecto pretende blindar la denominada “infraestructura crítica” en todo el territorio nacional. Las infraestructuras críticas son consideradas las “estructuras físicas, redes, sistemas o partes de éstos, públicos o privados, indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado”1.

La amplitud de esta definición convierte a las infraestructuras críticas en un eje central del análisis de la iniciativa: resulta necesario examinar qué instalaciones y actividades quedarían comprendidas, quién tendría la facultad de identificarlas y qué consecuencias tendría esa clasificación para el ejercicio de los derechos y el control democrático.

De aprobarse este proyecto de ley, obras de infraestructura clave para la expansión de Vaca Muerta como sucede con oleoductos, gasoductos, terminales portuarias, buques licuefactores de GNL así como también proyectos de megaminería en la Cordillera de los Andes o centros de datos para Inteligencia Artificial en la Patagonia gozarán de enorme protección a partir de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. En el nombre de la defensa nacional, el proyecto de ley dice que las Fuerzas Armadas deberán estar preparadas para ser empleadas, en caso de corresponder para la protección de las infraestructuras críticas identificadas por el Consejo de Seguridad Nacional.2

Ese Consejo será encabezado por el Presidente y se encargará de elaborar “la Estrategia Nacional y el Plan Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas, identificar las Infraestructuras Críticas de interés nacional, y coordinar su protección, incluida la de infraestructuras binacionales o plurinacionales”3. De esta manera, proyectos de minería binacional entre Argentina y Chile como el proyecto Vicuña o la integración energética de Vaca Muerta con la infraestructura chilena para la exportación de gas podrían verse comprendidos por el plan y la estrategia de seguridad nacional.  Ambos países se encuentran en una fase de desregulaciones y retrocesos en la protección ambiental y buscan promover inversiones sin importar los costos ambientales. Recordemos que en abril de este año fue sancionada una ley que debilita la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua favoreciendo de esta manera proyectos de minería binacional. 

Según el proyecto de ley, la Estrategia Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas contemplará el “impacto que pueda producir su afectación o destrucción”4. ¿A qué se refiere con afectación y destrucción? Nadie lo sabe. Y eso es peligroso.  La falta de claridad del proyecto de ley en cuestión deja la puerta abierta a la discrecionalidad/arbitrariedad del poder de turno y sugiere que acciones como movilizaciones, acciones legales, sentencias judiciales y campañas comunicacionales pueden ser alcanzadas por esta definición. Justamente, el Consejo de Seguridad Nacional podrá definir las medidas necesarias para garantizar la protección de la infraestructura crítica5. Tampoco hay claridad ni precisiones sobre las medidas que puede tomar, lo que abre aún una línea más de incertidumbre. 

El proyecto de ley de defensa de la soberanía pretende profundizar el camino iniciado por el Decreto 1107/2024 que otorgó al Presidente la atribución de definir qué instalaciones constituyen “Objetivos de Valor Estratégico” a ser custodiados por fuerzas militares y policiales, y continuado por el Comando Unificado de Seguridad Productiva a través de la Resolución 893/24 del Ministerio de Seguridad. Ese Comando fue creado para controlar “el orden en los enclaves productivos del país”. La creación del Comando antes y del Consejo de Seguridad cuya creación se busca ahora desconoce que la mayoría de las veces quienes protestan de manera pacífica contra los grandes proyectos de infraestructura con altos impactos ambientales en los territorios son comunidades locales, indígenas, campesinas o urbanas, consideradas personas defensoras del ambiente, que se encuentran especialmente protegidas por normas internacionales como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú, aprobado en el país por la Ley 27.566). Además, la propuesta encuadra el financiamiento internacional como una potencial amenaza para la seguridad nacional. Esta tipificación habilita consecuencias administrativas y penales de gravedad que pueden impactar directamente en la labor de organizaciones ambientales y comunitarias que reciban fondos del extranjero. 

El artículo 9 del Acuerdo de Escazú establece la obligación de proteger a los defensores ambientales y garantizarles un entorno seguro y propicio para actuar sin restricciones ni amenazas. En la Argentina, sin embargo, el Gobierno actual da señales en contrario. Se privilegia la protección de la infraestructura estratégica por encima de los derechos humanos y de garantizar un entorno seguro para la protección del ambiente. En efecto, el proyecto de ley busca garantizar la continuidad ininterrumpida de los proyectos extractivos a costa de las garantías constitucionales y de las libertades individuales. 

Volver a la doctrina de la seguridad nacional, que borra los límites entre la seguridad interior y la defensa, implica reflotar una práctica política asociada en nuestro país al terrorismo de Estado y a graves violaciones de los derechos humanos. Así, mediante conceptos vagos y amplios, se busca dotar al Poder Ejecutivo de una enorme discrecionalidad para señalar “enemigos internos” sobre los que recaiga todo el rigor punitivo del Estado.

Mientras se otorgan privilegios, exenciones impositivas y estabilidad regulatoria a las empresas por 30 años a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la doctrina de la seguridad nacional busca abrirse paso para dotar de un blindaje implacable a proyectos sumamente cuestionados por los daños ambientales, climáticos y ecosistémicos que podrían generar. Este entramado jurídico intenta pasar desapercibido bajo el lema de la “soberanía nacional”. Bajo ninguna circunstancia, el Congreso de la Nación puede caer en la trampa y avalar esta iniciativa. Lo que está en juego es mucho más importante que la infraestructura crítica. Se trata de los derechos fundamentales. Y no hay mejor defensa de la soberanía que honrar esos derechos.

Firman:

  • Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
  • Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
  • Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
  • Observatorio Petrolero Sur
  • Fundación Servicio Paz y Justicia
  • Círculo de Políticas Ambientales
  • Árbol de Pie
  • Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM La Plata)
  • CEPPAS
  • Capibara
  • Multisectorial Golfo San Matías
  • Surfrider Foundation Argentina
  • TRAMAS Derecho en Movimiento
  • CAUCE Cultura Ambiental Causa Ecologista
  • Fundeps
  • Oikos Red Ambiental
  • Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
  • Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente
  • Comité de Cuenca Popular del Paraná Santafesino

1. Artículo 85 proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.

2. Artículo 121 proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.

3. Artículo 52 inc. g proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.

4. Artículo 86 inc. a proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.

5. Artículo 92 proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.

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