El país integra la primera cohorte de ocho Estados que implementará la nueva estrategia de minerales y metales del Grupo Banco Mundial, que busca multiplicar por cinco el financiamiento para el sector hasta 2030. Mientras, el Gobierno promueve inversiones a través del RIGI, se reformó la Ley de Glaciares, se debilitan las capacidades de prevención y monitoreo ambiental, y las demandas locales son consideradas únicamente como un factor a controlar.

El viernes 16 de octubre, el Grupo Banco Mundial anunció la implementación de su nueva estrategia de minerales y metales, junto con la primera cohorte de ocho países seleccionados para llevarla adelante, entre ellos Argentina. La iniciativa busca incrementar de US$ 3.600 millones a US$ 19.000 millones el financiamiento destinado a la explotación de minerales denominados “críticos” entre 2026 y 2030, con el objetivo central de movilizar inversiones privadas.

Sin embargo, detrás de la promesa de acelerar las inversiones mineras, la estrategia deja en un segundo plano aspectos fundamentales: la protección del ambiente, los derechos de las comunidades locales y los mecanismos de debida diligencia para prevenir, mitigar y remediar los impactos de esta actividad. Estas omisiones resultan especialmente preocupantes en un contexto de posible debilitamiento de los estándares de salvaguardas ambientales y sociales de la Corporación Financiera Internacional (brazo privado del Grupo Banco Mundial) y de sus mecanismos internos de rendición de cuentas.

Leandro Gómez, Coordinador del Programa Inversiones y Derechos del Área de Política Ambiental de FARN, sostuvo: “A través de su nueva estrategia , el Banco pasaría de apoyar iniciativas específicas a promover estructuralmente el sector minero, mediante garantías para infraestructura, financiamiento de proyectos privados y asesoramiento a gobiernos sobre reformas administrativas y políticas. Sin embargo, el fin de la estrategia es  movilizar capital privado hacia el sector minero, profundizando el modelo extractivo en el grupo de países seleccionados, entre ellos Argentina”.

“Esto ocurre en un contexto en el que el Banco pareciera flexibilizar sus salvaguardas ambientales y sociales, mientras se ponen en duda sus capacidades de monitoreo y de sus mecanismos de rendición de cuentas. En paralelo, Argentina, al igual que otros países seleccionados, atraviesa un proceso de debilitamiento institucional en el que la protección ambiental y el respeto por los derechos de las comunidades locales parecen ser considerados obstáculos a esquivar”, agregó. 

El RIGI como instrumento de promoción minera, ¿a qué costo para el Estado?

Durante el lanzamiento del plan de implementación de la estrategia del Banco, el secretario de Política Económica y viceministro de Economía, José Luis Daza, tuvo un lugar central y destacó las condiciones que, según el Gobierno, posicionan a Argentina como un destino atractivo para las inversiones. En ese marco, anticipó que el país espera incorporar once nuevos proyectos a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La estrategia oficial vuelve a poner en el centro la estabilidad macroeconómica, los incentivos fiscales y una supuesta previsibilidad normativa como condiciones para atraer capitales, dejando de lado los impactos ambientales de la actividad minera, las dificultades históricas del sector para cumplir con la normativa ambiental, y su vinculación con prácticas violatorias de derechos humanos. 

El RIGI no solo contempla beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, sino que también establece condiciones de estabilidad normativa por períodos prolongados. Entre sus disposiciones, limita la aplicación de determinadas normas posteriores a la adhesión de los proyectos y contempla mecanismos internacionales de resolución de controversias entre inversores y Estados, como los procedimientos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Estos mecanismos pueden exponer al Estado a reclamos económicos millonarios y generar presiones sobre su capacidad de establecer nuevas regulaciones de interés público, incluidas aquellas destinadas a proteger el ambiente y los derechos de las personas. A esto se suma la falta de información pública suficiente para dimensionar el costo fiscal de los beneficios concedidos y evaluar sus resultados para el conjunto de la sociedad.

Promoción de inversiones y debilitamiento de la política ambiental

Durante la presentación, las autoridades nacionales sostuvieron que la incorporación de Argentina a la estrategia del Grupo Banco Mundial representa una oportunidad para demostrar que el desarrollo económico y la protección ambiental pueden avanzar de manera conjunta. Sin embargo, esta afirmación contrasta con el retroceso institucional y presupuestario de las políticas ambientales en el país.

El Ministerio de Ambiente fue degradado al rango de Subsecretaría y su presupuesto sufrió un recorte del 84% respecto de 2023. A esto se suma el impulso dado a la reforma de la Ley de Glaciares, una normativa fundamental para proteger reservas estratégicas de agua y garantizar el acceso a este bien común. Su flexibilización pone en riesgo los presupuestos mínimos de protección ambiental y los ecosistemas de los que dependen aproximadamente siete millones de personas.

En este escenario, resulta contradictorio promover una expansión acelerada de la actividad minera mientras se debilitan las capacidades estatales para evaluar, controlar y fiscalizar sus impactos ambientales.

Sin participación de las comunidades no hay desarrollo sostenible

Tanto en la estrategia del Banco como en el esquema de promoción minera impulsado por el Gobierno argentino, los derechos de las comunidades locales, la participación efectiva y la protección de los territorios permanecen relegados frente a las prioridades de inversión.

La promoción de inversiones en un determinado sector no puede anteponerse a la protección del ambiente ni al pleno ejercicio de los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de garantizar estándares ambientales adecuados, prevenir daños, proteger los territorios y los ecosistemas y garantizar los derechos de las comunidades locales. En este sentido, el Grupo Banco Mundial, por su capacidad de financiamiento e influencia en las políticas públicas, tiene la responsabilidad de orientar sus operaciones y su asistencia técnica al cumplimiento de las obligaciones ambientales y de derechos humanos, de acuerdo con los más altos estándares internacionales.