Desde el año 2013 crece un basural a cielo abierto en la localidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Ante la recurrente inacción de los organismos responsables, una vecina de la localidad junto a la Clínica Ambiental de FARN solicitó información de la situación a la OPDS y al municipio.
Buenos Aires 28 de octubre, 2016. El predio, localizado en la calle Haendel al 7200, entre las calles Carlos Calvo y ex Ruta 8, no cuenta con la habilitación para funcionar como planta de tratamiento o espacio destinado a la disposición final de residuos. Además, ingresan diariamente alrededor de 100 camiones que arrojan residuos domiciliarios, patológicos, ramas y escombros y que tampoco cuentan con la habilitación respectiva. Muchos de ellos son quemados o enterrados, produciendo contaminación del suelo y napas subterráneas. Junto al predio se encuentra el Arroyo Pinazo, donde algunos camiones arrojan los desechos que extraen de los sumideros.
El 3 de junio de 2016 se reunieron representantes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), y de la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de José C. Paz. El OPDS intimó al Municipio a abstenerse de arrojar nuevos residuos y realizar actividades de quema, proceder a la limpieza, ordenamiento y segregación de residuos dispuestos en el sitio. Asimismo, lo obligó a presentar la adecuación del Programa Básico Preliminar bajo apercibimiento de restringir la asistencia financiera provincial.
Se dispuso la clausura preventiva total del predio como centro de transferencia de residuos. Sin embargo, el ingreso de camiones continuó.
Acción de la Clínica Ambiental
Una vecina de la comunidad se acercó a FARN con el objeto de contar con asesoramiento jurídico. Para clarificar el conflicto, los integrantes de la Clínica Ambiental realizaron un pedido de información sobre esta cuestión e instó a los organismos a involucrarse en el tema y realizar los controles debidos. En caso de corresponder, será urgente proceder al cierre definitivo del basural y a la realización de una correcta disposición final de los residuos existentes.
Asimismo se realizó la denuncia ante UFIMA, organismo que genera las investigaciones necesarias en materia de infracciones a la ley de residuos peligrosos y los delitos que pudieran afectar a la salud pública vinculados con la protección del ambiente. Con el objetivo de la clausura y cierre definitivo de dicho basural.
Aquí debemos garantizar, por un lado el derecho de acceso a la información pública, consagrado en las Leyes Nacionales Nº 25.831, Nº 25.675 y Provincial Nº 12.475. Por otro lado el derecho a un ambiente sano, artículo 41 de nuestra Carta Magna, teniendo en cuenta que no es apropiado para la salud la disposición final de residuos de este modo. Las autoridades competentes de los organismos públicos están obligados a facilitar la información y a tomar las medidas necesarias para el amparo de estos derechos.
Elaborado por Grupo 3 (Facultad de Derecho – UBA)
Estudiantes: Cristian De Fazio, Luana Valdez y Nahuel Alejo Cáceres.