Del 9 al 13 de diciembre se celebra la Semana de las Materias Primas, un evento organizado por la Comisión Europea en Bruselas para debatir y explorar la dinámica futura de las materias primas en Europa.

Representantes de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza formarán parte de reuniones bilaterales con la Comisión Europea y participarán el 10 de diciembre en un evento público  sobre Argentina y la Unión Europea (UE) organizado por la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA, por su sigla en inglés).

El objetivo de dichos encuentros, de acuerdo a la poca información disponible, se vincula a posibles inversiones de empresas europeas en dichas provincias concernientes a la extracción de minerales, específicamente del cobre y de litio, en el marco del Acta de Materias Primas (CRMA, por sus sigla en inglés) y del programa Global Gateway.

Desde FARN manifestamos una profunda preocupación tanto por la forma como por el contenido de estas reuniones.

Falta de transparencia y participación en definiciones estratégicas entre la UE y Argentina

La falta de transparencia y de participación de la sociedad civil en dichas instancias de debate y discusión anula la posibilidad de brindar puntos de vista distintos sobre la situación de conflictividad socioambiental generada a partir de la extracción de los minerales demandados para la transición dominante, en particular el litio y el cobre. Esta situación de conflictividad atraviesa a las distintas provincias que hoy buscan atraer inversiones al sector. Cualquier negociación que la UE entable dentro de posibles alianzas estratégicas debe tener en cuenta el punto de vista de las comunidades potencialmente afectadas por dichos acuerdos y de la sociedad civil del Sur Global.

Por otro lado, Argentina se encuentra tomando medidas que implican grandes retrocesos en términos de derechos humanos y protección ambiental, contradiciendo los estándares y políticas declaradas de la UE.

Argentina desconoce la centralidad de los derechos humanos y el ambiente

El gobierno nacional se encuentra desarrollando un proyecto político que involucra tres grandes elementos que, combinados, generan un muy grave retroceso en los derechos humanos y ambientales en el país. En primer lugar, creó un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales e impositivos a proyectos de explotación de la naturaleza a gran escala, priorizando el uso de agua y energía de estos proyectos por sobre el consumo de la población en general. Este régimen, en el caso de la minería, se suma a los incentivos que ya rigen desde 1993 mediante la Ley de Inversiones Mineras (24.196), que otorga a las empresas estabilidad fiscal por 30 años, entre otros beneficios.

En segundo lugar, el gobierno realizó reformas en el Estado Nacional que atentan contra su rol central como garante de los derechos humanos. Esto se produce en una sociedad en el que cerca del 50% de las personas se encuentra bajo la línea de la pobreza, sin acceso a servicios básicos tales como salud, vivienda, educación; y mientras eventos climáticos extremos ya están generando graves impactos en sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Estas reformas involucran distintos aspectos que van desde la reorganización del Estado, con desaparición de áreas importantes para la agenda ambiental, y la modificación de políticas y programas que abordaban la conservación de los ecosistemas naturales y la promoción de las energías renovables, entre otros temas. La autoridad ambiental a nivel nacional, por ejemplo, ha sido desjerarquizada , pasando de ser un ministerio a una subsecretaría que depende del área de turismo.

Asimismo, la pérdida de prioridad del cumplimiento de los derechos humanos en el país se materializó a través de recortes presupuestarios significativos, realizados en pos de alcanzar un equilibrio fiscal a toda costa. Por ejemplo, la autoridad ambiental perdió un 41% de su presupuesto anual, a la vez que las partidas para el manejo del fuego y el fomento de las energías renovables cayeron en términos reales un 46% y 47%, respectivamente. 

En tercer lugar, el gobierno realiza de forma constante un desprestigio de quienes manifiestan puntos de vista distintos o reaccionan ante estas políticas. El desprestigio involucra acciones como ataques a periodistas, dirigentes sociales y organizaciones ambientales. En el caso de comunidades indígenas y locales, se desarrolla con una estigmatización que, en muchos casos, ha terminado con la criminalización. Se crearon protocolos y regulaciones especiales que buscan, entre otros aspectos, asegurar la operación de actividades como la minería y los hidrocarburos, mediante la securitización y el avance sobre la protesta social. Este marco de violencia ha facilitado la proliferación de fake news sobre personas defensoras ambientales y comunidades con el fin de deslegitimar sus reclamos.

Provincias que buscan inversores desoyendo los conflictos socioambientales

A este cuadro general se suman los conflictos ambientales que se viven en cada una de las provincias que hoy buscan vender sus yacimientos mineros a inversores europeos, que a su vez dependen de la importancia de las materias primas, especialmente minerales, para avanzar en las tecnologías para el actual modelo de transición energética. Estos conflictos tienen al ambiente y a los derechos humanos en el centro.

En las provincias de Salta y Jujuy, en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, más de 30 comunidades llevan reclamos por la falta de cumplimiento de sus derechos a distintas instancias administrativas y judiciales a nivel local, nacional e internacional. Estas comunidades esperan hace 11 años una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hace 5  una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre algunos de sus reclamos se encuentran sus derechos de acceso a la tierra, al agua, a vivir en un ambiente sano, a la información pública y al consentimiento libre previo e informado.

En la provincia de Catamarca se quiso avanzar en proyectos mineros sin una planificación ambiental estratégica, a pesar de que existen más de 10 en el Salar del Hombre Muerto, de los cuales 5 pretenden extraer agua de la misma cuenca, el Río Los Patos. Vale recordar que por esta actividad ya se secó la vega del Río Trapiche. Como consecuencia, la Corte Suprema de Catamarca suspendió la autorización de nuevas operaciones hasta que no se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo integral en la cuenca del Río Los Patos.

Por su parte, la provincia de San Juan pretende desarrollar proyectos de minería de cobre, como Filo del Sol, Josemaría, El Pachón, Los Azules, Altar y Esperanza. A partir del 2015, los vecinos de la comunidad de Jáchal, localidad del centro norte de la provincia, han sido noticia por sus reclamos ante las autoridades para frenar toda actividad extractiva que ponga en riesgo la salud de la población. En ese año, la mina Veladero tuvo un derrame de solución cianurada en los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal. Hoy en día el proyecto Josemaría, ubicado en la cuenca del Río Jáchal, está avanzando a pesar de sumar presión híidrica a la zona, de las multiples denuncias por un proceso de consulta irregular y de violar la Ley de Glaciares (26.639). De acuerdo con la propia Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, Josemaría podría afectar un glaciar de escombros y un ambiente periglacial. 

Mendoza es una provincia que históricamente ha padecido crisis hídricas. Por esta razón, para salvaguardar su agua se sancionó la Ley provincial 7.722, que tiene como objetivo garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos hídricos frente a la actividad minera. Esta ley fue sostenida gracias a las repetidas manifestaciones populares de apoyo, como las ocurridas en diciembre de 2019. Sin embargo, en el mes de noviembre del 2024 la legislatura provincial aprobó 34 proyectos mineros en la localidad de Malargüe (en el marco de la iniciativa Malargüe Distrito Minero Occidental), poniendo en cuestionamiento la debida implementación tanto de la Ley 7.722 como de la Ley de Glaciares. Entre los 34 proyectos aprobados se encuentran algunos que podrían afectar el ambiente glaciar y periglacial, así como también las nacientes del río Atuel y el área de recarga del acuífero Atuel-Diamante.

¿Y la transición justa para el Sur Global?

Ante estos escenarios locales, y mientras se ponen en evidencia dinámicas para la construcción de acuerdos destinados a facilitar el acceso a minerales y cumplir con las metas de la transición energética del Norte Global, vemos con preocupación que: se prioricen intereses que van en desmedro de las necesidades y miradas de las comunidades, que se encuentran en situación de vulnerabilidad;  y que se atente contra la integridad de ecosistemas que cumplen funciones centrales para el sostenimiento de la diversidad biológica y para la adaptación y mitigación del cambio climático, como los humedales andinos y los glaciares. Este avance en la extracción de minerales refuerza las desigualdades históricas, viola derechos humanos e incumple con tratados internacionales. .

Estos acuerdos que se están desarrollando en la Semana de las Materias Primas, ¿cómo podrían contribuir, de manera integral y basada en los derechos humanos, a promover una transición socioecológica capaz de abordar la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación? 

Una transición socioecológica real, con base en los derechos y la justicia ambiental, debe asegurar debates amplios y transparentes con toda la ciudadanía e integrar especialmente a las comunidades más afectadas por las crisis planetarias. Estas comunidades, que, paradójicamente, el modelo de transición dominante está excluyendo de las discusiones, corren el riesgo de ser sacrificadas en nombre del progreso y la salvación climática.