El 13 de diciembre del 2024, cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas, junto al Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y las empresas transnacionales, hicieron un llamado de atención urgente al Gobierno argentino ante la campaña de desprestigio mediático que pesa sobre la abogada Alicia Chalabe, a la cual calificaron de hostigamiento “vinculado a su trabajo legal en defensa de los derechos colectivos de las comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc y del ambiente sano”. Además, en el comunicado indicaron que esta campaña de desprestigio se da en un contexto más amplio de obstrucción del ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la provincia de Jujuy.
Los relatores especiales solicitaron al Estado argentino proporcionar información sobre el caso de Alicia Chalabe, así como también “sobre las medidas tomadas para asegurar que las personas defensoras de los derechos de los Pueblos Indígenas y del ambiente, incluidos los abogados y las abogadas que les acompañan, puedan ejercer su trabajo sin hostigamiento, presión o cualquier otra acción arbitraria”. Además, recordó las preguntas enviadas al Estado en septiembre del 2023 ante las denuncias por violaciones de derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en el contexto de la reforma constitucional de la Provincia de Jujuy, sobre la que aún no se recibió respuesta. Por último, pidieron información sobre las medidas públicas tomadas para la protección y respeto de los derechos humanos en la cadena de valor de los minerales críticos, como el litio, a nivel nacional y provincial, y las implementadas por las empresas privadas involucradas en la extracción de los minerales críticos en la provincia de Jujuy. Esta solicitud se formuló en base a los Principios Rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos y la visita del Grupo de Trabajo vinculado a esta materia. El Estado solicitó una prórroga para responder a esta solicitud.
Junto a otras organizaciones de la sociedad civil —CELS, FUNDEPS, CAUCE, AAdeAA, CEPPAS, ACDH, SERPAJ, Red DAyBV, AADI, Laudato Si, ANDHES, APDH y ENDEPA—, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denunciamos la campaña de desprestigio emprendida aparentemente por el Gobierno de la Provincia de Jujuy y las empresas mineras contra Alicia Chalabe, que busca deslegitimar su trabajo como abogada defensora de las comunidades y viola el Acuerdo de Escazú, el cual llama a garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin restricciones. Todo esto también ha sido manifestado por FARN a la Relatora Especial en su convocatoria a contribuciones en 2024. De igual modo, advertimos y denunciamos que las empresas mineras de litio avanzan en la Cuenca de Salinas Grandes con proyectos extractivos que violan de manera sistemática los derechos humanos de las comunidades indígenas que habitan la cuenca.
Como organización ambiental, en un contexto de avance de la minería sobre los derechos de las comunidades, y teniendo en cuenta que más de la mitad de los minerales considerados críticos para la transición dominante se encuentran en tierras indígenas o cerca de ellas, acompañamos el comunicado de los Relatores Especiales de Naciones Unidas y del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas trasnacionales y ratificamos su contenido: urge que el Estado nacional y los estados provinciales, especialmente el Gobierno de la Provincia de Jujuy, tomen medidas para que la extracción de litio se realice en pleno respeto y garantía de los derechos humanos, en línea con las obligaciones que pesan por aplicación de la normativa internacional y nacional, los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos y el informe del Panel del Secretario General de Naciones Unidas sobre minerales críticos para la transición energética.