Política ambiental

EL LETARGO DE UNA VERDADERA PARTICIPACIÓN EN CUESTIONES AMBIENTALES

EL LETARGO DE UNA VERDADERA PARTICIPACIÓN EN CUESTIONES AMBIENTALES

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a otras organizaciones ambientales, solicitaron formalmente al Ministro Bergman -Presidente Honorario del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)- arbitrar las medidas necesarias para la habilitación de un canal de participación ciudadana en el COFEMA, adeudado desde la ratificación de su acta constitutiva en el año 2002, en el marco de la Ley General de Ambiente 25675 (LGA).

Sin dudas, la cuestión ambiental es transversal, interdependiente, interdisciplinaria e interprovincial, convergiendo a diversos actores interesados, gubernamentales y no gubernamentales, cuya participación enriquece el proceso de toma de decisión. En esta línea, el COFEMA constituye una herramienta institucional de gran relevancia. Asimismo, es indicado por la LGA como eje del ordenamiento ambiental del país, instancia en la cual es obligatorio disponer de un canal de participación ciudadana. Indica en su artículo 9 la LGA que: “el ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación y se generan mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); el mismo deberá considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y de éstos con la administración pública.”

Así, el COFEMA es la base del Sistema Ambiental Federal. Sin embargo, hasta la fecha no existe un canal institucionalizado de participación de la sociedad civil en el marco de su accionar. Por el contrario, las escasas intervenciones de organizaciones no gubernamentales (ONG) en reuniones del Consejo se han debido a oportunas gestiones de representantes de algunas jurisdicciones. Pero tal clase de intervención no puede ser esporádica ni depender de la buena voluntad de representantes de turno, sino que debe responder a un marco legalmente constituido e institucional, de largo plazo.

Insistimos en la necesidad de promover espacios de consulta, diálogo y participación como único camino posible para un desarrollo social, ambiental y económico inclusivo, y el camino propicio hacia la construcción de una gobernabilidad ambiental sustentable.

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