Ciudad de Buenos Aires, 08 de abril de 2010

• En un evento que contó con la participación de más de 200 personas La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó el Informe Ambiental Anual 2010, publicación que reúne los temas de la institucionalidad ambiental de Argentina y la región que se destacaron en el último año.

• La conducción del evento estuvo a cargo de Andy Kusnetzoff y Cecilia Dopazo, y durante la presentación expusieron la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci, el Director Ejecutivo de Aves Argentinas, Andrés Bosso, el presidente de FARN, Daniel Sabsay, y la Directora Ejecutiva de FARN, María Eugenia Di Paola.

• María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de FARN destacó en su intervención que “para revertir la situación actual en la que se encuentra el ambiente, la responsabilidad de los distintos sectores es fundamental. Existe un aspecto clave que debería estar en la visión estratégica de los distintos actores sociales: la integración de la cuestión ambiental a las decisiones públicas y privadas”.

• Asimismo, en ocasión del Bicentenario de nuestro país, el informe cuenta con un artículo de María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de FARN, en el que plantea los principales desafíos frente una realidad muy compleja en materia de ambiente e instituciones.

PRINCIPALES DESAFÍOS Y TENDENCIAS AMBIENTALES
En este contexto, se presentan diversas tendencias y desafíos ambientales vinculados a la órbita internacional y local, a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, al sector privado, académico, a las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía. Si bien la lista es extensa, se mencionan los principales:

• Luego del fracaso de la Conferencia de Cambio Climático de Copenhague, aunque los líderes aún no asimilen que la falta de consideración de la cuestión ambiental en la agenda afecta directamente el conjunto de actividades sociales y económicas y las perjudica, existe una cantidad creciente de instituciones y personas conscientes de la necesidad de cambiar el curso actual de la realidad.

• A nivel internacional resulta necesario un replanteo que involucre problemas que se encuentran interconectados como el cambio climático, la crisis alimentaria, las migraciones de poblaciones a gran escala, la deforestación, los sistemas de energía no sustentables, la crisis en materia de biodiversidad y la contaminación química y el stress profundo de los sistemas financieros en el mundo.

• A nivel regional, el desafío es la construcción de una voz latinoamericana para abordar las temáticas globales. El contexto de America Latina presenta condiciones muy específicas y complejas en el escenario internacional. Los bosques nativos, las fuentes de agua dulce, la riqueza de biodiversidad y la alta capacidad de provisión alimentaria son algunas de las características que hacen de nuestra región un ámbito de inestimable valor.

• A nivel local, también es necesario que se supere la visión fragmentada de las temáticas globales, constituyendo una mirada transversal de abordaje. Por ejemplo, el Cambio Climático no puede tratarse sólo desde el área ambiental del Estado. Tanto quienes trabajan en relación a la economía, las políticas extractivas, la agricultura y el turismo deben adaptar sus estrategias nacionales para poder contar con una agenda lógica coherente

• Asimismo resulta fundamental superar la dicotomía desarrollo vs. conservación y fomentar inversiones sustentables que impliquen políticas a largo plazo, que no perjudiquen el ambiente y promuevan la participación y la integración social. La conflictividad ligada a la actividad minera a cielo abierto en diversos focos de nuestro país es una muestra de esta necesidad.

• Desde el Poder Ejecutivo Nacional resulta imperioso la realización del Informe Anual Ambiental, obligación establecida en el artículo 18 de la Ley General del Ambiente y que no se cumple desde 2003 (7 informes en deuda).

• A nivel legislativo, la actividad del Congreso durante el 2009 fue exigua. Un ejemplo fue la falta de tratamiento del Proyecto de Ley de Glaciares luego del veto de fines de 2008, sumado a la aprobación del Cuerpo Legislativo de un presupuesto muy inferior al previsto por ley para la implementación de la Ley de Bosques Nativos. Se considera esencial fortalecer las herramientas estratégicas a través de leyes especificas de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica, como así también aquellos temas específicos y sectoriales, tales como Aire, Glaciares, Agroquímicos, y Áreas Protegidas, los cuales presentan una necesidad de tratamiento común en todo el territorio.

• Implementar adecuadamente y cumplir con la reglamentación pendiente de varias leyes ambientales nacionales (de presupuestos mínimos de protección ambiental), son desafíos de importancia fundamental que deberían afrontar las autoridades. Por ejemplo, la ausencia de reglamentaciones de la ley de residuos domiciliarios a nivel nacional, no permite avanzar en metas concretas de gestión integral de residuos sólidos urbanos. A lo largo del territorio se reproducen los grandes basurales a cielo abierto y no existen planes con compromisos cuantificables de reversión. Asimismo, el área metropolitana de Buenos Aires presenta un colapso en la materia que demuestra la necesidad de que tanto la Ciudad como la Provincia implementen políticas integrales de residuos domiciliarios.

• En ese sentido, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), organismo que congrega a las autoridades ambientales de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también presenta numerosos vacíos que requieren de su accionar para que las leyes ambientales puedan ser implementadas.

• En materia de bosques nativos, donde sí existe reglamentación nacional, algunas provincias están avanzando más que otras en el proceso de elaboración del Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT). No obstante ello, si el incentivo que constituye el fondo de la Ley de Bosques (mucho menor al que debería haberse asignado) no se implementa como es debido, no podremos contar con una herramienta fundamental para la ejecución del ordenamiento y de la ley misma. Pasos en falso en este sentido pueden implicar graves pérdidas para nuestro ambiente y nuestro país.

• El Poder Judicial ha dado grandes pasos en materia ambiental, muchas veces gracias a la intervención de autoridades autónomas como la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Ministerio Público y también la ciudadanía. Por su trascendencia se pueden mencionar la causa que persigue la remediación de la cuenca Matanza Riachuelo (Caso Mendoza), y la intervención cautelar frente a la deforestación y los permisos de desmonte otorgados en Salta (Caso Salas). El gran desafío es la ejecución de las sentencias ambientales, dado que si bien en muchos casos se avanza con pautas para su implementación, aún aparece como el gran cuello de botella del sistema. Por ello resulta importante trabajar de forma intersectorial para lograr que las decisiones y su imposición sean reales, de lo contrario ello generará mayor frustración.

• En relación a las Instituciones Financieras Internacionales, sus políticas de inversión deben involucrar el concepto de sustentabilidad y el monitoreo ciudadano a la implementación de dichas políticas por el Estado. En ese sentido, para no repetir experiencias históricas de corrupción y falta de control, resulta fundamental, el monitoreo y la participación ciudadana en la implementación del margen residual del préstamo del BID para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, como así también del préstamo aprobado por el Banco Mundial por U$S 840 millones de dólares.

• Se requiere de un sector privado embebido de las cuestiones ambientales, que incorpore la sustentabilidad a sus decisiones en el marco de la Responsabilidad social y ambiental empresaria, pudiendo contribuir a cambios sociales profundos en temas claves como los actuales patrones de consumo.

• También es importante incorporar al sector académico en la toma decisiones, ya que es una pieza fundamental que proporciona herramientas esenciales y que puede  contribuir a la acción de cambio, no sólo en lo relativo a la capacitación sino también en la construcción de conocimientos y en el marco de la investigación- acción.

• Desde las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la temática ambiental, es fundamental que trabajemos en alianza para que las decisiones de las autoridades, de los ciudadanos, y de los diversos sectores incorporen la mirada ambiental y la solidaridad intergeneracional. Esto implica una consideración estratégica a corto, mediano y largo plazo, a través de un proceso de  construcción de conocimientos sólidos, solicitando a las autoridades que consideren los mismos y que garanticen la participación de la ciudadanía.

VISIÓN SUPERADORA
Se necesita de una visión superadora que incorpore transversalmente la temática ambiental a las modalidades y actividades de los distintos ámbitos en forma articulada, inclusiva y participativa y establezca un modelo de desarrollo con un replanteo en los estilos de vida y de consumo.
Para ello debe trabajarse en forma conjunta, no sólo para darle voz a un ambiente y una naturaleza que no pueden expresarse y defenderse, sino también a aquellos sectores marginados que son quienes reciben generalmente en primer lugar los impactos adversos de la contaminación en su salud y su calidad de vida.
Existen decenas de ejemplos concretos en los que el trabajo en conjunto entre organizaciones de la sociedad civil y otros sectores han dado en el pasado y actualmente resultados más que positivos, como lo ha sido la elaboración de la Ley de Bosques Nativos, el Foro del Mar Patagónico, el Cuerpo Colegiado del Riachuelo, el trabajo en materia de residuos junto a cooperativas de recuperadores y otras organizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y la Plataforma Climática Latinoamericana a nivel regional
Resulta muy difícil que podamos generar cambios profundos si no se generan alianzas. En cierta forma existe una responsabilidad común de los distintos ámbitos y sectores en el cuidado del ambiente y el logro del desarrollo con solidaridad intergeneracional. No obstante ello, es necesario reconocer que existen roles y responsabilidades que deben asumir en forma diferenciada quienes nutren o impulsan las políticas públicas desde el gobierno.

Informe Ambiental FARN 2010
[en PDF · 852 págs. · 14,743 KB]

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