La reciente eliminación de las retenciones a  los derechos de exportación de minerales metalíferos y no metalíferos (Decreto Nº 349/2016) generó severas críticas de distintos sectores políticos y de la sociedad civil.

Teniendo en cuenta la escueta fundamentación del decreto, y el contexto de elevada conflictividad socio-ambiental y los escasos esfuerzos para avanzar en la protección ambiental de las fuentes de agua a través de la Ley Nacional de Glaciares, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) solicitó información a la Secretaría de Minería de la Nación.

En efecto, el decreto por un lado, realiza una serie de afirmaciones que no se encuentran acompañadas de correspondientes datos que justifiquen las mismas, y por el otro, establece la necesidad de revisar la política minera solo en materia de derechos de exportación, desconociéndose otras dimensiones de fundamental relevancia que sirven para explicar y entender la situación actual del modelo minero en el país.

Entre los principales puntos de la información solicitada se incluyeron aspectos de la política minera nacional como el monto de las inversiones recibidas, la recaudación en concepto de derechos de exportación, el esquema tributario, las cifras y cantidad de puestos de trabajo creados por el sector, los proyectos en cartera. Además, se requirió información sobre las acciones llevadas a cabo desde esa Secretaría para implementar la Ley Nacional de glaciares, los tipos de acciones para mejorar las capacidades de control de actividades mineras, y recursos y políticas para iniciar procesos de remediación.