Mientras el grueso de la población argentina afronta el impacto de la inflación, la liberación del precio de las naftas y la quita de subsidios a servicios y el transporte, las empresas hidrocarburíferas mantienen un régimen de privilegios que en 2023 les otorgó más de $150 mil millones de pesos. Ni el el DNU 70/2023 ni la Ley Ómnibus apuntan a remover estos subsidios, los cuales, de acuerdo a los primeros datos presupuestarios para el 2024, serán mantenidos por el actual gobierno.

Imagen: María Marta Di Paola

Por sexto año consecutivo, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicamos un informe sobre los subsidios destinados a la energía, con foco en aquellos destinados a la oferta y demanda de combustibles fósiles. Este trabajo incluye el detalle de los fondos recibidos por cada empresa, el balance comercial del sector, los impactos socioambientales de la actividad y el lugar relegado que ocupan en la actualidad los proyectos de energías renovables.

El informe -finalizado durante 2023- analiza el total de los subsidios energéticos que se otorgan en Argentina, poniéndo especial énfasis en aquellos direccionados al sector hidrocarburífero. El trabajo diferencia los subsidios orientados a mantener tarifas asequibles al público de aquellos que reciben las empresas hidrocarburíferas, incrementando sus cuantiosas ganancias. Entre los distintos hallazgos que se desprenden del informe se destaca que, año tras año, los primeros pierden relevancia frente a los segundos, que tienden a ser sostenidos.

¿Cuáles fueron las empresas de hidrocarburos más beneficiadas por los subsidios?

Dentro de los subsidios económicos a la energía se destacan aquellos destinados a la oferta de gas natural, otorgados a grandes empresas hidrocarburíferas para estimular la explotación y extracción de este combustible fósil. En total, durante el 2022 estos subsidios alcanzaron los 56.173 millones de pesos. Este monto, equivalente al 0,04 por ciento del PBI, fue superior a distintas partidas para educación, cultura, cuidado del medio ambiente y energías renovables. 

Los subsidios a la oferta de gas natural en el 2022 superaron en un 69 por ciento al presupuesto ejecutado para infraestructura y equipamiento de escuelas, en un 72 por ciento al destinado al fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, y en un 71 y un 34 por ciento a los presupuestos totales del Ministerio de Cultura de la Nación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, respectivamente. Además, lo emitido a la promoción de energías renovables representó apenas el 2% de los subsidios a los hidrocarburos.

A pesar de que la Argentina adhiere al compromiso internacional de alcanzar la carbono neutralidad para 2050, hoy en día lleva adelante una política energética que ofrece distintos beneficios a las compañías extractivas de combustibles fósiles. A los subsidios mencionados se suman: un tipo de cambio diferencial, libre disponibilidad de divisas y costosas inversiones en infraestructura clave para la distribución, como el Gasoducto Presidente Nestor Kirchner.

YPF, Tecpetrol y Compañía General de Combustibles (CGC) fueron las principales beneficiadas de estos subsidios, concentrando el 61,9 por ciento de las transferencias. Estos distintos incentivos económicos permitieron a las empresas presentar ganancias extraordinarias en sus balances. Si se tiene en cuenta el resultado neto de 2022 para Tecpetrol y CGC, los subsidios recibidos representaron el 55,32% y el 66,37% de los beneficios obtenidos respectivamente por cada empresa.

El 13 de diciembre pasado, a pocos días de la asunción del nuevo Presidente de la Nación, Javier Milei, el Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas económicas destinadas a la reducción del déficit fiscal, a realizar tanto por la vía de la merma en el gasto público, mediante la quita de subsidios a servicios y el ajuste en partidas de interés social, como así también a través del aumento de ingresos del estado con el retorno del Impuesto a las Ganancias, el incremento del Impuesto País y de las retenciones a las exportaciones no agropecuarias. 

Mientras tanto la Ley ómnibus enviada al Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo nacional modifica la Ley de Hidrocarburos, quitando la obligación de garantizar el abastecimiento interno a la población y eliminando cualquier intervención estatal orientada a la regulación del precio. Lo paradójico es que el fundamento del Plan Gas -que ni el DNU 70/2023, ni la Ley ómnibus modifican en absoluto- era precisamente el sostener el abastecimiento interno. Mientras el paquete de medidas económicas reduce drásticamente los ingresos de la población, se sostiene un régimen de privilegios para las empresas que no hace más que engrosar sus cuantiosas ganancias.

Los impactos socioambientales, las deudas económicas y la necesidad de impulsar la transición energética

Las políticas tomadas a favor del sector hidrocarburífero promueven modelos primario-extractivos que conllevan graves consecuencias climáticas y socioambientales, como sequías, deforestación, incendios, desplazamiento de comunidades, entre otros.

El aumento de la actividad no convencional de gas y petróleo, que utiliza la fractura hidráulica como mecanismo de perforación y extracción, cuyo epicentro de la actividad se ubica en la formación de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, implica, entre otros impactos socioambientales, un gran consumo de agua y la generación de más de 400 sismos inducidos en la zona a lo largo de los últimos ocho años. 

Sobre esto último, el Observatorio de Sismicidad Inducida, conformado por los investigadores Javier Grosso Heredia y Guillermo Tamburini Beliveau, en colaboración con FARN, publicó dos documentos sobre los efectos y daños generados por la actividad del fracking tanto en los territorios y comunidades cercanas a las áreas de Bajada del Palo Oeste, explotada por la compañía Vista Oil & Gas, como en Fortín de Piedra, concedida a Tecpetrol, una de las empresas más beneficiadas con los subsidios.

A pesar de la promoción pública, Vaca Muerta no brindó solución a los problemas económicos tanto locales como nacionales. A diez años del inicio de las operaciones, la pobreza aumentó un 8,5 por ciento en Neuquén, distintas localidades de la zona continúan sin tener acceso al gas, y el balance comercial de la actividad en términos de divisas fue deficitario.

Ante esto, en el informe se destaca la necesidad de redireccionar los subsidios directos a las empresas extractivas hacia los consumidores y el fomento de energías renovables, las cuales permitirán mejorar los aspectos ambientales, la balanza de pagos e incluso, a mediano plazo, alcanzar una tendencia a la baja en las tarifas a partir del mayor impacto en la generación energética. 

Los subsidios y regulaciones desempeñan un papel fundamental para alcanzar una transición energética justa. El acceso a la energía debe ser reconocido como un derecho, y la democracia y la soberanía energética deben ser elementos clave para el desarrollo y el futuro del país.