El 3 de mayo de 2018 la Legislatura porteña aprobó la modificación de la Ley de Basura Cero y permitió la implementación de la incineración de residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde entonces diversas organizaciones ambientales y recicladores urbanos adelantaron que irán a la Justicia para frenar esta iniciativa que, además de ser perjudicial para el ambiente y la salud, pone en riesgo los puestos de trabajo existentes entorno al reciclaje de residuos.
Finalmente, el 4 de junio de 2018 el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, Avina y la Asociación por la Justicia Ambiental presentaron un amparo colectivo para plantear la inconstitucionalidad de la normativa.
El amparo recayó ante el juzgado N° 4, a cargo de la Jueza Elena Liberatori.
Tal como FARN expresó a través de distintos comunicados, la incineración de basura con recuperación de energía es una tecnología cara, sucia, y a contramano del manejo sustentable de los recursos:
– La incineración de residuos sólidos urbanos no es una tecnología renovable ni limpia, ya que la basura domiciliaria no es un recurso renovable, y su combustión genera emisiones de gases de efecto invernadero, sustancias peligrosas para la salud y el ambiente.
– Esta tecnología compite con el reciclado y con la denominada Economía Circular. En esa competencia, los residuos reciclables (de mayor poder calorífico) son los más codiciados, tanto por las plantas incineradoras como por la industria del reciclado.
– Es una tecnología costosa, ya sea para generar energía como para tratar a los residuos sólidos urbanos (RSU).
– Es una tecnología altamente dependiente de los subsidios estatales, ya que los costos de capital y operación nunca alcanzan a ser financiados por la venta de energía a precios de mercado.
