El Congreso argentino, afín al presidente Javier Milei, aprobó la modificación de la Ley de Glaciares, una norma pionera desde 2010. Con la reforma, no todos los glaciares ni las zonas periglaciares estarán protegidos: la decisión pasará a manos de las provincias, abriendo la puerta a proyectos mineros y reavivando el debate sobre el futuro del agua en el país.