Ayer, 14 de marzo, se realizó una nueva Audiencia Pública ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fin de que todos los actores implicados en la recomposición integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo informen sobre las acciones que desarrollan para cumplir con el Plan de Saneamiento ordenado por el Tribunal en 2008.

En la audiencia se hizo público lo evidente: la gestión de saneamiento no se está ejecutando ni en los tiempos, ni en los plazos previstos y mucho menos con la diligencia necesaria para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la Corte.

Uno de los temas que más concentró la atención de la audiencia fue la construcción de viviendas. El “Convenio Marco para el Cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo” del 2010 preveía brindar 17.771 soluciones habitacionales. En tal sentido, la construcción de las mismas se encuentra sumamente atrasada, ya que el avance no supera el 22%.

Al respecto, uno de los funcionarios de la Secretarìa de Vivienda la Nación se comprometió a construir durante el 2018 la misma cantidad de viviendas que se realizaron en los últimos 10 años. Este tipo de promesas ya han tenido lugar anteriormente y, en general, no han sido cumplidas, ya que no están respaldadas por procesos que permitan ir más allá de las palabras de los funcionarios.

El Cuerpo Colegiado destacó nuevamente la necesidad de integrar al caso a los vecinos afectados, hay ausencias en esta audiencia: la más significativa es la de quienes sufren directamente el impacto del daño ambiental colectivo. Ellos tienen derecho a tomar parte en las decisiones, pero carecen de participación procesal adecuada. Es obligación del Estado garantizar el acceso de esas personas a la justicia, conforme lo dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre último.[1]

Por otro lado, se hicieron notorias las grandes dificultades en términos de gestión: ACUMAR no cuenta con un plan integral de saneamiento del Riachuelo, o al menos como quedó evidenciado, no lo aplica. Tampoco pudo responder ni dar una fecha aproximada de cuando estima que podrá finalizar el proceso de saneamiento.

El organismo tiende a realizar continuas modificaciones en las propuestas que genera, lo cual no permite ejecutar un programa estratégico. Como consecuencia, no existe un sistema de medición estandarizado respecto a los basurales a cielo abierto o a los vertidos que producen las distintas industrias. Es necesario y urgente reformular la normativa vigente para tener instrumentos reales de control.

Luego de esta audiencia, la Corte deberá emitir una resolución que esperamos pueda redireccionar claramente la marcha de este proceso. El tribunal cuenta con las herramientas necesarias para hacer que los Estados y funcionarios se comprometan más decididamente en este caso, lo que esperamos que así suceda.

A 10 años del dictado del fallo ya no resulta admisible que la formulación de las acciones y políticas indispensables para la recomposición de la cuenca se hagan efectivas únicamente a partir de las exigencias impuestas por el poder judicial o las demandas del público. Es necesario que las autoridades asuman de manera principal la responsabilidad que les cabe en la materia.

Estamos convencidos que este caso judicial representa una gran oportunidad para saldar la mayor deuda socio-ambiental que tiene la Argentina, pero eso será posible sólo si se avanza de manera decidida en la construcción de una política de Estado para el saneamiento del Riachuelo.

[1] Opinión Consultiva Nº 23