Política ambiental

¿SOTERRAR TAMBIÉN LA TRANSPARENCIA?

¿SOTERRAR TAMBIÉN LA TRANSPARENCIA?

El proyecto de soterramiento del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento por parte del Estado Nacional, se licitó en 2006 y se adjudicó dos años después por medio del Decreto N° 151/2008. El adjudicatario estaba conformado por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por IECSA SA (la constructora de Ángelo Calcaterra, primo del Presidente Mauricio Macri), la constructora brasileña Norberto Odebretch S.A., la italiana Ghella, y las españolas Comsa-EMTE, denominada Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS). Sin embargo, debido al rechazo de varias propuestas de financiación por no cumplir con las exigencias de la licitación, el proyecto fue suspendido hasta el año pasado.

En junio de 2016, el Poder Ejecutivo firmó el decreto 797/16, que modificó el presupuesto de este año.[1] Al asignar 45.000 millones de pesos, eximió al grupo empresario de conseguir el financiamiento al que estaba obligado conforme el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas (artículo 22), aprobado por Resolución 324/07 de la Secretaría de Transporte de la Nación. El aporte del Estado, además de comprometer un monto muy significativo de las arcas públicas, benefició al grupo empresario adjudicatario en desmedro de los demás oferentes de la licitación.

En octubre pasado se puso en funcionamiento la tuneladora para concretar el aludido soterramiento. Las obras comenzaron, aún habiendo sido el proyecto categorizado por la Agencia de Protección Ambiental (AprA) de la Ciudad, como “de impacto ambiental con relevante efecto”, no recibiendo por ello el Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente. En cuanto al resto de la etapa I, y etapas II y III, desde la provincia se informó que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) expidió el certificado requerido aunque no se conocen los detalles de la evaluación. Tampoco se pudo acceder a información que diera cuenta de la participación del Ministerio de Ambiente en el proyecto, ya sea brindando asesoramiento y/o realizando recomendaciones a los actores involucrados.

La Clínica Ambiental de FARN en conjunto con la Fundación Ciudad solicitaron información al Ministerio de Ambiente, a COFEMA, a APRA y a OPDS con el fin de conocer los estudios y evaluaciones de impacto ambiental y respecto del funcionamiento de la coordinación interjurisdiccional de la obra. En lo referido a financiamiento, rendición de cuentas, presupuesto y licitación se realizaron pedidos a los Ministerios de Transporte, Hacienda y Finanzas.

Cabe señalar que la constructora brasileña Odebrecht, integrante del consorcio adjudicatario, además del escándalo de corrupción por el que atraviesa en Brasil a raíz de la operación Lava Jato, está siendo investigada en nuestro país por el pago de 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos[2]. Por ello, se encuentra en marcha un proceso de colaboración entre las justicias de nuestro país y de Brasil, en virtud del cual, la compañía se comprometió con los fiscales del Lava Jato a aportar información y pruebas para que la justicia argentina pueda avanzar en la investigación.[3]

Por otra parte, desde el Gobierno analizan desplazar a Odebrecht de las obras del Sarmiento, debido a un pedido que el presidente de Italia, le hiciere a su par argentino a fin de resguardar del escándalo a la firma italiana Ghella. Fuentes del Gobierno informaron que sólo podrían actuar en ese sentido, si hubiere un fallo de la Justicia que lo ordenara. Más allá de las decisiones políticas, es dable destacar que la justicia argentina imputó al ex secretario de Transporte, a su hombre de confianza y al ex titular de Odebrecht en Argentina, por el pago de coimas de la empresa brasileña por el soterramiento del Sarmiento.

Elaborado por Grupo IV, Facultad de Derecho (UBA)

Estudiantes: Paula Cardella, Adelina Comba, Ariana Lucero y Jimena Luiz.

[1] https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-311664-2016-10-13.html

[2] http://www.perfil.com/columnistas/lava-jato-y-la-impunidad-argentina.phtml

[3] http://www.perfil.com/politica/odebrecht-contrato-abogados-en-el-pais-y-busca-seguir-operando.phtml

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