El Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI aprobado por el Congreso Nacional y el Directorio del organismo surge como respuesta a la crisis de deuda que atraviesa nuestro país desde 2018. La imposibilidad de revertir la crisis socioeconómica y de generar las divisas y el crecimiento económico necesario para repagar el préstamo tomado en 2018 con el organismo –el más grande de su historia, alcanzando los USD 45.000 millones, y cuyo fracaso el FMI reconoció (FMI, 2021)– llevó a la Argentina a elegir entre un nuevo programa con el organismo o el default.

El desembolso de USD 45.000 millones –equivalente al 57% de las exportaciones de 2021 y al 12% del PBI de 2020– deberá ser repagado luego de un período de gracia de 4 años y medio y contará con una revisión técnica por parte del FMI cada tres meses. 

Si bien existen muchos aspectos vinculados a la deuda que podrían ser analizados y comentados, desde FARN queremos dirigir nuestra preocupación hacia el plan económico diseñado junto al organismo. Sus objetivos de estabilización macroeconómica, reducción del gasto fiscal y generación de divisas tendrán un claro impacto en el ambiente. Específicamente, hay dos puntos que incidirán en el derecho a un ambiente sano: las políticas energéticas y el mandato de aumento de exportaciones. 

En cuanto a las políticas energéticas, el plan económico busca, por un lado, la reducción de los subsidios a la demanda. Para ello, se estima una reducción en 0,6% del PBI para 2022 del gasto en subsidios, eliminándolos para el 10% más rico y  procurando que no haya aumento en términos reales para el resto. Sin embargo, quedan dudas respecto a cómo alcanzar este objetivo sin impactar en el bienestar de la población, dada la necesidad de importación de gas en invierno, un bien cuyo precio pasó de USD 6 a USD 60 por millón de BTU a causa de la guerra en cuestión de semanas. Se estima que Argentina podría llegar a necesitar USD 6.000 millones adicionales para cubrir la demanda.  

Por otro lado, el plan económico busca  la reducción  de los costos energéticos. Para  lograr este objetivo el foco estará en continuar con el Plan Gas (es decir, en seguir subsidiando a la oferta, a las empresas) y en la construcción del Gasoducto a Vaca Muerta.  La política del organismo de desalentar los subsidios a la demanda e incentivar aquellos para las empresas es una tendencia que ya está presente en  varios países (Action Aid, 2021). En 2020, a través de este plan, empresas como YPF, CGC, Tecpetrol, Total (francesa), Wintershall (alemana) y PAE (en la que participa BP, británica) recibieron 645 millones de dólares de los recursos nacionales. Mientras la guerra en Ucrania empuja a los fósiles a precios récord, resulta oportuno preguntarse cuál es la necesidad de subsidiar desde el Estado a las empresas que tendrán ganancias extraordinarias.

Tal como señala el documento publicado por FARN en noviembre de 2021, el foco no debería estar en la simple eliminación de los subsidios a los fósiles, sino en su redireccionamiento para garantizar una transición socioecológica justa con creación de empleo, desarrollo de tecnología local y energía accesible. En 2020, la matriz energética de nuestro país se basó en un 85% en combustibles fósiles y se estima que los subsidios del Plan Gas estuvieron detrás del 3,6% de las emisiones de GEI de la Argentina en 2021 (cabe destacar que el 53,1% de las emisiones de nuestro país provienen del sector energético). 

El segundo punto a remarcar del plan económico son los incentivos a sectores extractivos. Estos buscan aumentar las exportaciones en USD 25.000 millones para 2030 a partir de regímenes de incentivos para la extracción de hidrocarburos, la minería y la agroindustria, tales como el proyecto de ley de régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas (que facilita la liquidación de divisas a las empresas), el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial y,en el caso de la minería, beneficios fiscales para quienes quieran invertir en la actividad mediante la ley de inversiones mineras N°24.196.

Estos sectores concentraron en 2021, el 80,1% de las exportaciones (INDEC, 2022). Tal como demostró  la reciente guerra en Ucrania y la consecuente volatilidad en los precios de las commodities, es muy difícil alinear en el tiempo la política económica y social con los senderos de desarrollo sostenibles  cuando está presente la primarización como modelo. 

Además, el avance de estas actividades extractivas,  viene acompañado de atropellos a la institucionalidad ambiental, entre ellos, al acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia – derechos centrales para la democracia ambiental recientemente reconocidos en el Acuerdo de Escazú. Estos sectores, especialmente el agro y los hidrocarburos, también son  los que más barreras pusieron para que se presente la Estrategia de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo (LTS). 

Si bien varios especialistas se han pronunciado sobre la benevolencia del Acuerdo con el FMI, desde FARN creemos que el asunto es mucho más complejo. Resulta de suma importancia que en materia de política de deuda se constituyan  mecanismos de resolución de deuda que contemplen el enfoque de derechos, el reconocimiento de la deuda ecológica que los países del Norte deben al Sur Global, así como la menor contribución a la crisis climática, y reformas en la institucionalidad del comercio internacional para que no se sigan profundizando las desigualdades y las injusticias entre Norte y Sur.

Si bien el gobierno nacional ha reclamado en reiteradas oportunidades a la comunidad internacional por medidas para la reparación entre Norte y Sur  y por el reconocimiento de la deuda ecológica o mecanismos como el canje de deuda por acción climática, no ha habido un trabajo concreto en este sentido. Cabe recalcar que estos reclamos serán más efectivos  solamente si son acompañados  por una política ambiental nacional robusta.

Esta tiene que  apostar por  asumir los compromisos dentro del marco de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, debe ser sostenida en el tiempo como política de Estado,  integrar los aspectos de intersectorialidad (para que lo que se avance desde la cartera  ambiental no sea desvirtuado por otra), debe tener en cuenta la inter-jurisdiccionalidad y en particular,  planificar con participación ciudadana y con los recursos necesarios en todas las instancias de elaboración y control. Si no fuera así, por más que contáramos con el financiamiento adecuado, estaríamos de todas formas profundizando un modelo de desarrollo extractivo y excluyente que por décadas ha demostrado que no logra revertir los preocupantes indicadores socioeconómicos tanto en Argentina  como en la región.

El contexto de crisis climática y ecológica globales requieren de grandes movilizaciones de recursos para garantizar senderos de descarbonización en el marco de transiciones socioecológicas justas; los países del Sur no pueden convertirse en meros proveedores de naturaleza para que el Norte Global consiga sus objetivos de transición. Asimismo, obligar a los países a destinar recursos fundamentales al pago de intereses al Norte Global no hace más que profundizar estas desigualdades. 

El financiamiento climático debería alcanzar los USD 4,5 billones anuales para 2030 a nivel global o aproximadamente el 6% del PBI global anual (Buchner et al., 2021).  En este sentido, es fundamental que los países –especialmente aquellos más afectados por las consecuencias del cambio climático– cuenten con los recursos necesarios para políticas de adaptación, mitigación y daños y pérdidas.Sin embargo, en la actualidad, el Sur Global destina en  promedio el 17,4% de sus presupuestos nacionales para el pago de deuda, relegando así estas prioridades (Dempsey et al., 2021).

En el difícil contexto internacional que atravesamos, con el aumento en el precio de los alimentos y la energía por la guerra en Ucrania y la crisis en la integración regional, es fundamental que el bienestar social sea el foco y las políticas estén alineadas con ese objetivo.  

Referencias

Action Aid (2021). IMF Surveillance and Climate Change Transition Risks: Reforming IMF policy advice to support a just energy transition. Disponible en: https://www.actionaidusa.org/wp-content/uploads/2021/08/IMF-x-climate-FINAL-1.pdf 

Buchner et al. (2021). Global landscape of Climate Finance. Disponible en: https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/global-landscape-of-climate-finance-2021/ 

Dempsey, J. et al. (2022). Biodiversity targets will not be met without debt and tax justice. Disponible en https://www.nature.com/articles/s41559-021-01619-5.pdf 

FMI (2021). IMF Executive Board Discusses the Ex-Post Evaluation of Argentina’s Exceptional Access Under the 2018 Stand-By Arrangement. Disponible en: https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/12/22/pr21401-argentina 

INDEC (2022). Complejos exportadores. Año 2021. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/complejos_03_22BE7DF71128.pdf