El presente artículo fue escrito por Javier Palummo, Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la Pulso Ambiental º26.

La infraestructura que no vemos

Solemos imaginar la inteligencia artificial como algo inmaterial, autónomo, algo que sucede. No lo es. Detrás de cada modelo hay centros de datos, redes eléctricas, libros que son digitalizados y destruidos, agua, minerales, territorio y una extensa cadena de trabajo humano —que a menudo pasa inadvertida—, que produce, clasifica y verifica datos. Hacer visible esa materialidad cambia la pregunta: la IA no es solo un asunto de innovación tecnológica, sino también de derechos humanos, ambiente y decisiones sobre el desarrollo.

La infraestructura digital es estratégica para las Américas. Puede ampliar el acceso a educación, salud, información y servicios públicos, fortalecer la productividad y abrir oportunidades de inclusión. El problema, por tanto, no es elegir entre innovación y derechos humanos, sino determinar bajo qué reglas se despliega esa infraestructura y cómo se distribuyen sus beneficios y sus cargas.

Quién asume los costos

Los centros de datos de gran escala pueden demandar volúmenes significativos de agua y electricidad y ejercer presión sobre ecosistemas y territorios. En contextos de crisis climática, estrés hídrico y desigualdad, esos impactos pueden incidir en la disponibilidad y asequibilidad de servicios básicos y afectar derechos como el acceso al agua y a la salud, al ambiente sano y a condiciones de vida dignas. Esto se debe a que la tecnología no llega a territorios neutrales: interactúa con desigualdades preexistentes y puede profundizarlas.

Por eso, no basta preguntar cuánto invierte un proyecto o cuántos empleos promete. También importa qué recursos utiliza, qué incentivos públicos recibe, conocer más sobre la calidad del empleo que genera y sobre la extensión en el tiempo de esos puestos de trabajo, cuánto valor permanece en las economías locales y quién termina absorbiendo las externalidades. La pregunta distributiva es decisiva: ¿quién decide, quién se beneficia y quién asume los costos?

Gobernar la transformación

Esta perspectiva exige evaluar los impactos ambientales, climáticos y sociales de manera integral, incluidos sus efectos acumulativos y sinérgicos. Cuando varios proyectos compiten para instalarse en un territorio, del que utilizarán agua, energía o infraestructura, analizarlos de forma aislada puede ocultar el riesgo real. Los Estados deben contar con marcos regulatorios adecuados y garantizar información pública, oportuna y comprensible sobre consumos hídricos y energéticos, participación significativa de las comunidades, acceso a la justicia ambiental y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Las empresas tienen, a su vez, la responsabilidad de respetar los derechos humanos y ejercer debida diligencia: identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por sus impactos, y contribuir a su reparación cuando corresponda. Ante riesgos serios y previsibles, el deber estatal de prevención puede requerir condicionar nuevas autorizaciones y, si faltan salvaguardas suficientes, considerar moratorias temporales mientras se adoptan marcos adecuados.

La transformación digital no puede descansar en la externalización de costos hacia determinados territorios o poblaciones. El desafío no es decidir si la región participará de la revolución de la IA, sino qué transformación digital queremos, bajo qué reglas, con qué costos y para beneficio de quién.