En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que tiene un impacto directo en la extranjerización de tierras en Argentina. El máximo tribunal del país revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras (Nº 26.737) a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

A pocos días de asumir como presidente, Javier Milei dictó el mega Decreto 70/2023 que, bajo el pretexto de “reconstruir la Argentina”, desreguló la actividad económica y derogó una numerosa cantidad de normas, entre ellas, la Ley de Tierras.

La sentencia de la Corte Suprema descuida las consecuencias del fallo frente a la venta de tierra a extranjeros sin límite y se impone por sobre la masiva movilización ciudadana que en agosto pasado se manifestó en contra del intento de modificar la Ley de Tierras en el Congreso de la Nación. Se trata de un fallo fuera de contexto, que se desentiende de su impacto en términos de soberanía nacional. Esta situación se asemeja a lo sucedido hace dos años, cuando la Corte Suprema decidió cerrar la ejecución de sentencia del caso “Mendoza” por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo en el peor momento posible, justo cuando la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) fue fuertemente desfinanciada y su personal recortado. Ahora, la Corte, luego del naufragio parlamentario de cara al intento de modificación de la Ley de Tierras, otorga un bote salvavidas a la venta ilimitada de tierras a personas o empresas extranjeras.