Por Cristian Fernández y María Marta Di Paola
El 16 de noviembre en Sierra Grande tendrá lugar una audiencia pública en la que se presentará el proyecto Argentina LNG y los cuatro Estudios de Impacto Ambiental que lo componen: el gasoducto de transporte desde Neuquén, los poliductos, las instalaciones marinas de exportación con unidades de licuefacción flotante (FLNG, por su sigla en inglés) y el Complejo Industrial Río Negro.
Es una instancia en la que las personas deben ser escuchadas y tenidas en cuenta, según lo estipula la Ley General del Ambiente (Ley 25.675), la ley 3984 de Río Negro y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566). Sin embargo, la firma del contrato de inversión ya está agendado para el 26 del mismo mes. Es una decisión que parece ya estar tomada.
Ese no es el único problema: los Estudios de Impacto Ambiental presentan análisis fragmentados, fallas metodológicas graves en sus modelaciones de ruido, pluma térmica, salinidad y sedimentos, subestiman el riesgo sobre especies en peligro y la pesca artesanal, las emisiones fugitivas de metano y omiten la dimensión real de la crisis climática.
Estas graves inconsistencias traen como consecuencia que los verdaderos impactos acumulativos del proyecto en su conjunto y con otros proyectos preexistentes como Vaca Muerta Oil Sur o las unidades de licuefacción de Southern Energy permanezcan ocultos. De esta manera, el análisis de riesgos ambientales del proyecto Argentina LNG se encuentra fraccionado. Al no darse una evaluación integral del proyecto en su conjunto, los impactos acumulativos sólo son mencionados pero no analizados en profundidad.