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FMI, Asociaciones Público Privadas y G20: ¿Otra vez la misma historia?

FMI, Asociaciones Público Privadas y G20: ¿Otra vez la misma historia?

En el marco del G20, los próximos 21 y 22 de julio se reunirán en Buenos Aires los ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales, con el fin de continuar discutiendo cómo concretar uno de los principales objetivos de la agenda argentina: convertir la infraestructura en un nuevo activo de clase [1]. El encuentro contará con la presencia de Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya visita tiene lugar luego de que el 20 de junio de 2018 el FMI apruebe un préstamo concesional de US$ 50.000 millones a Argentina.

La sociedad civil global ha expresado en el marco del G20 su preocupación entorno a la agenda del G20 sobre financiamiento de infraestructura. Algunas de las recomendaciones propuestas consisten en adoptar un conjunto de criterios que aseguren la sostenibilidad y los beneficios generalizados de los proyectos de infraestructura; llevar adelante a nivel internacional las acciones necesarias para promover una mayor inversión pública en los países en desarrollo, en lugar de recurrir a la presunción automática de la necesidad de apalancar mayores niveles de inversión desde sectores privados. Así también resulta necesario impulsar los procesos necesarios para evaluar qué tipo de financiamiento es el más adecuado para cada proyecto, en lugar de recurrir a las Asociaciones Público Privadas (APPs) [2] como panacea del financiamiento, tal como se está estructurando la agenda actual, debiendo entonces evaluar exhaustivamente los aspectos fiscales, sociales y ambientales de esta herramienta cuestionada ampliamente en los países donde ha sido empleada [3].


¿Cuáles son las implicancias de estas discusiones para el contexto argentino actual?

El acuerdo recientemente suscripto por Argentina con el FMI vuelve a generar preocupación, ya que aún perduran los recuerdos del impacto económico, laboral y social que han tenido los anteriores convenios con dicha institución.

Dentro de los requisitos [4] que la entidad exige al gobierno argentino se encuentran, por ejemplo, la reducción de los subsidios en energía y transporte, con la expectativa de que los proyectos con APPs costeen los planes de infraestructura pública previstos.

A través de los años, las prescripciones macroeconómicas del FMI relacionadas a los préstamos mantuvieron el mismo eje primordial: la austeridad, con el fin de restablecer la «confianza del mercado». Sin embargo, esta propuesta de reducción de gastos no sólo podría frenar aún más la actividad económica, sino también restringir la capacidad del gobierno para llevar adelante agendas sociales y ambientales, las cuales suelen resultar afectadas en primera instancia durante los periodos de crisis.

Pese a que el actual gobierno argentino sostuvo al asumir que desarrollaría “el plan de infraestructura más importante de la historia argentina” [5], destacando que las primeras prioridades se vinculan con la agenda social para alcanzar la meta de “pobreza cero”, algunos ejemplos recientes de cancelación de proyectos de infraestructura [6], como es el caso de la central nuclear Atucha III (con una inversión de US$ 14.000 millones, 85% de los cuales procedería de capitales chinos), y la represa hidroeléctrica Chihuido (con una inversión de US$ 2.200 millones que provendrían de un consorcio de siete compañías alemanas), dan cuenta de que cumplir con los compromisos asumidos con el FMI implica postergar la posibilidad de concretar obras de este tipo, y parece reforzar la perspectiva de que las APPs resultan la única resolución posible [7]. Sin embargo, estas últimas son acuerdos muy complejos, caracterizados por costos elevados asociados a la negociación y gestión de los proyectos, que podrían crear inconvenientes fiscales en el futuro.

Teniendo en cuenta la coyuntura actual, resulta imprescindible realizar un análisis crítico de las decisiones que se toman respecto de la infraestructura necesaria, así como también de las implicancias de los tipos de financiamiento elegidos en cada caso.


[1] Un activo de clase es un grupo de valores que exhibe características similares, se comporta de manera similar en el mercado y está sujeto a las mismas leyes y regulaciones. Las tres clases principales de activos son acciones, renta fija, o bonos; y equivalentes de efectivo, o instrumentos del mercado monetario.

[2] Más información al respecto en: https://farn.org.ar/las-app-en-argentina/

[3] Para conocer la posición completa de la sociedad civil ingresar aquí.

[4] Para ver la versión completa (en inglés) publicada por el FMI ingresar aquí: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/07/13/Argentina-Request-for-Stand-By-Arrangement-Press-Release-and-Staff-Report-46078

[5] Más información en:

https://www.lanacion.com.ar/2061303-apuesta-por-la-infraestructura-las-diez-obras-mas-relevantes
https://www.cronista.com/economiapolitica/EN-VIVO-Macri-anuncia-obras-en-el-aeropuerto-de-San-Martin-de-los-Andes-20170210-0081.html

[6] Más información en: http://www.iprofesional.com/notas/271528-china-personal-alemania-argentina-visa-lan-buenos-aires-neuquen-gas-jefe-mba-eurnekian-construccion-gobierno-rio-negro-gustavo-weiss-eduardo-eurnekian-corporacion-america-local-atucha-cambiemos-otros-gutierrez-comision-nacional-camara-argentina-energia-atomica-figueroa-grande-chihuidos-voith-hydro-Para-cumplir-con-el-FMI-el-Gobierno-frena-millonarias-obras-energeticas-y-compromete-su-credibilidad-internacional

[7] Más información sobre este tema en:

G20 y el momento de las APP

Las Asociaciones Público Privadas en Argentina: una primera aproximación a un nuevo régimen legal

¿Por qué las asociaciones público-privados ahora?

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