Lo hizo en respuesta a un pedido de acceso a la información presentado por FARN, haciendo saber que el mismo fue elevado a consideración del Congreso de la Nación el 5 de junio pasado.
La obligación de elaborar el informe surge del Art. 18 de la Ley N° 25.675, que se encuentra en vigencia desde el año 2002, siendo esta la primera vez que el Poder Ejecutivo da cumplimiento a dicha obligación.
Tal como lo señala la mencionada norma, el informe constituye una de las herramientas claves para el desarrollo de la gestión ambiental y para conocer las dimensiones ecológicas, sociales, económicas y culturales de nuestro ambiente, que permitan diseñar e implementar políticas públicas ambientales para hacer frente a los problemas ambientales existentes.
La elaboración y presentación del Informe resulta un hecho positivo en tanto permite conocer información relacionada con temas centrales de la gestión ambiental en nuestro país y promueve la generación de un debate informado sobre los aspectos más destacados que conforman la política ambiental.
En lo referido al contenido del Informe 2012 realizado por la SAyDS, cuenta con información valiosa, principalmente referida a áreas protegidas, diversidad biológica, bosques nativos y recursos hídricos.
Sin embargo, el extenso documento (de más de 300 páginas) omite el análisis de temas que resultan centrales para el diseño y la implementación de la política ambiental tales como Minería, Energía o el tratamiento de los impactos en la salud y la calidad de vida de la población que generan las actividades antrópicas.
Por otra parte, el informe tampoco aborda el tratamiento de la creciente conflictividad ambiental existente en diversas partes del territorio nacional, vinculada a los proyectos de explotación de hidrocarburos no convencionales, la aplicación de agroquímicos, el emplazamiento de grandes industrias y obras de infraestructura, y que representa una de las características más trascendentes de la situación ambiental de nuestro país.
En este sentido, el documento presentado se asimila más a un informe de gestión elevado por la Secretaría que el instrumento ideado por la Ley 25.675 que busca sentar las bases para el desarrollo de una política de Estado en materia ambiental.
No obstante lo expuesto, estimamos que la elaboración de Informe Anual sobre el estado del Ambiente es un paso en la dirección correcta, el cual deberá ser integrado como parte central de la gestión ambiental en nuestro país, en tanto la información constituye un requisito indispensable para la toma de decisiones en materia ambiental.