El Golfo San Matías es el segundo golfo más grande de Argentina, con casi 20.000 kilómetros cuadrados de superficie que se extienden desde Punta Bermeja hasta la emblemática Península Valdés. Esta última, declarada Patrimonio Natural por la UNESCO, es actualmente considerada en situación crítica por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Las aguas del Golfo San Matías forman parte de un ecosistema único en el Atlántico Sur, hogar de especies como la emblemática ballena franca austral, el pulpo tehuelche, el pingüino de Magallanes y delfines.
Esta zona balnearia estaba protegida por la Ley provincial 3.308 de 1999, que prohibía la exploración y explotación de hidrocarburos allí. Sin embargo, en 2022 esa norma fue modificada de manera decididamente inconstitucional.
Para Ariel Slipak, coordinador del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la modificación “viola el principio de no regresión y violenta el espíritu del Acuerdo de Escazú, no solo por el retroceso en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que implica, sino también porque la forma de modificación de la Ley fue lesiva de la participación popular”.
Como era de esperar, la reforma de la ley que protegía al Golfo San Matías abrió las puertas a tres megaproyectos en la zona:
- Vaca Muerta Oil Sur (VMOS): impulsado por YPF junto a Pan American Energy, Chevron y otras empresas. Consiste en la construcción de un oleoducto de más de 600 kilómetros desde la formación de Vaca Muerta hasta una terminal portuaria en Sierra Grande para exportar crudo.
- Southern Energy: se prevé apostar dos buques de licuefacción frente a las costas de Fuerte Argentino, alimentados por un gasoducto desde Neuquén, con otros cuatro buques aún pendientes de aprobación legislativa. Desde el 9 de marzo, el proyecto enfrenta una acción judicial presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y FARN.
- Argentina LNG: liderado por YPF. Proyecta unidades de licuefacción de gas flotantes a siete kilómetros de la costa.
Estos proyectos, además de perjudicar el paisaje, la vida de las comunidades locales, el turismo y actividades como la pesca artesanal, suponen la destrucción del tejido social que el extractivismo trae inherentemente aparejada.